Seis semanas de protestas contra el gobierno venezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil 200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente Nicolás Maduro y la oposición se muestran inflexibles. Nadie retrocede, pero tampoco avanza.
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Esto pese a que la actitud del mandatario despierte la desconfianza de un ambiente internacional descreído del gobierno bolivariano.
Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar a unas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar el clima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018, cuando están previstas las presidenciales.
En cuestión de poco más seis meses el conflicto político venezolano registró un brusco deterioro, con un signo característico: nadie sabe cuándo habrá elecciones.
Los últimos comicios fueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que el oficialismo cargó con una abrumadora derrota.
En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunales penales para suspender la activación de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición con firmas de electores.
Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales y en la negativa del presidente, Lucena anunció que las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadas para junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en su fecha, en diciembre de este año.
La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender las elecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte de alicaída posición en las encuestas o un impulso de los precios petroleros que mejoraran la asfixia económica.
En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena a fijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma que diera claridad al horizonte electoral.
Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidos políticos legalizar sus inscripciones para poder participar en futuros comicios.
Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a sus militantes para que respaldaran con sus firmas la legalización de los partidos.
Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron claras sus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato a la presidencia era Henrique Capriles, Voluntad Popular señaló que es Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry Ramos Allup.
Con el correr de los días, Capriles fue inhabilitado por 15 años para optar por un cargo político, López sigue preso cumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel y Ramos tiene pendiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insania mental.
Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo, dos sentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por los diputados como un golpe de Estado.
La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran las elecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahora sigue en el limbo.
Luego de seis semanas de protestas, con movilizaciones casi diarias y una dura represión de los cuerpos de seguridad, el panorama político sigue en un túnel oscuro ante la falta de una convocatoria electoral.
La declaración de la fiscal general, Luisa Ortega, de que los fallos del TSJ determinaron una ruptura institucional fracasó en fortalecer los reclamos opositores.
Entonces, la oposición no solo tomó como bandera la destitución de los magistrados que firmaron las polémicas sentencias, sino que reflotó las exigencias que tuvo en un frustrado diálogo con el Gobierno a fines de 2016: un cronograma electoral, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los políticos presos y solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Maduro se sacó de la manga la propuesta de una Constituyente que, según él, contribuirá a devolverle la paz al país.
Sin embargo, sus reiteradas afirmaciones de que esa Constituyente tendrá carácter originario y plenipotenciario, lo que hacen es generar más dudas.
La Asamblea unicameral denunció la propuesta como ilegal, aunque sabe que está ante la posibilidad de que si la Constituyente se impone podría reformar el poder Legislativo o disolver la cámara de mayoría opositora, un objetivo que Maduro no ha ocultado.
Según el gobernante, la Constituyente tendrá unos 500 delegados, la mitad de los cuales serán escogidos en unas elecciones de segundo grado, en las que votarán grupos auspiciados por el Gobierno como consejos comunales, sindicatos y otras agrupaciones.
La Asamblea Nacional desconfía de las declaraciones de Maduro de que los miembros de la Constituyente serán elegidos por el voto universal, directo y secreto, pues las directrices dictadas aseguran una mayor presencia del oficialismo.
El diputado José Guerra dijo estar seguro de que Maduro no logrará imponer la Constituyente, en vista del rechazo popular a su propuesta.
“Nosotros queremos elecciones, pero de verdad. Es imposible que imponga su Constituyente porque tiene un rechazo del 80 por ciento de la población. Como están las cosas, el Gobierno no gana ni una elección de reina de carnaval”, dijo Guerra a Notimex.
Guerra, una cara frecuente en las manifestaciones, recalcó que para darle viabilidad al país se necesita una solución electoral a la crisis. “De no haber una salida democrática, tendremos un país fragmentado, ingobernable”, alertó.
El analista Michael Penfold señaló en un trabajo que en todos los escenarios posibles de salida a la crisis los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o negociación el asunto parecen una transacción estrictamente política.
La represión a las manifestaciones ha mostrado hasta donde están dispuestos a ir los militares para apuntalar a Maduro.
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