La decisión de la Corte copada por oficialistas desató protestas. Impugnaron a 13 de sus 32 magistrados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) colonizado por el chavismo rechazó ayer el pedido de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para frenar la iniciativa del gobierno que busca establecer desde el 30 de julio una nueva Asamblea Constituyente. Pero la medida fue recibida con desagrado por miembros de la oposición.
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Anoche,grupos de exaltados lanzaron cocteles molotov contra dependencias adyacentes de la Corte y un banco privado vecino, en un nuevo incidente que fue duramente reprimido por la policía.
El episodio ocurrió en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura ubicada en Chacao, en el este de Caracas, donde también resultaron quemadas unas oficinas del Banco Provincial BBVA, ubicadas en el primer piso del mismo edificio. En la zona se desarrollaba una manifestación opositora cuando los encapuchados comenzaron a atacar la sede judicial, a la que rociaron con gasolina y, posteriormente, prendieron fuego.
La acción fue reprimida por presuntos agentes de seguridad de la magistratura, que dispararon perdigones de metal contra los encapuchados, lo que no impidió que estos lograran acceder al inmueble. En el primer piso del edificio de la DEM se encuentran unas oficinas del BBVA Banco Provincial, a las que ingresaron los encapuchados y en las que, aparte de incendiarlas, rompieron los vidrios e hicieron uso del mobiliario para avivar las llamas.
Todo se produjo horas después de que la Corte, claramente colonizada por el chavismo, descalificara un recurso presentado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz contra el llamado a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna desde el 30 de julio. Según la fiscal, que es una chavista, el gobierno busca así barrer todos los poderes del Estado y seguir en Miraflores, ignorando los pedidos opositores para nuevas elecciones.
“Por inepta acumulación de pretensiones, Sala Electoral del TSJ declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz”, informó el máximo organismo del Poder Judicial de Venezuela en su cuenta oficial de Twitter y su página web.
Horas después del rechazo de la Corte, la fiscal decidió ingresar un nuevo recurso ante el Tribunal que busca impugnar a 13 de sus 32 magistrados bajo el argumento de que su nombramiento ocurrió de manera irregular. Los jueces fueron designados en diciembre de 2015 por el anterior Parlamento, dos semanas después de que la oposición ganara las elecciones legislativas con el 56,22% de los votos. “Yo no participé en ese proceso, yo advertí que estaba mal hecho”, afirmó la abogada.
Tras la reciente oleada de enfrentamientos entre el Poder Judicial y la fiscal -anterior figura clave y partidaria del chavismo− ahonda en su distanciamiento con el gobierno de Maduro, a quien acusó y responsabilizó de amenazar a su familia. “Quisiera hacer responsables a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo Ortega en entrevista con Unión Radio.
El quiebre comenzó a fines de marzo cuando la fiscal objetó públicamente dos sentencias del TSJ en las que éste asumía las competencias del Poder Legislativo y limitaba la inmunidad parlamentaria, a lo que llamó una “ruptura del orden constitucional”. Tras esta acción, el gobierno de Maduro decidió en mayo pasado llamar a una nueva Asamblea Constituyente, desatando una crisis que ha dejado 67 muertos, miles de heridos y detenidos a lo largo del país.
La fiscal general expresó entonces que el futuro de la democracia del país estaba en juego. “Es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente”, dijo Ortega Díaz y sostuvo que el proceso promovido por Maduro vulneraba los derechos humanos.
La mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo han sido a favor del gobierno y buena parte de sus 32 integrantes son acusados de estar vinculados al oficialismo.
La oposición analiza “medidas contundentes” entre las que se baraja una “gran huelga nacional”, aseguró el primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Freddy Guevara. Las protestas sacuden al país desde hace 73 días con un saldo de al menos 67 muertos y un millar de heridos.
FUENTE: EL CLARIN
