Hace un año, Eduardo Ortiz Jasso puso en jaque moral al entonces equipo de Transición del actual gobernador Carlos Joaquín González, porque le habían nombrado “Coordinador del Eje Ambiental y Urbano y Enlace de Desarrollo Urbano”, pero la presión social y empresarial (principalmente de los desarrolladores) fue tal, que se tuvo que retirar de esa cartera. Hoy la historia se repite, Ortiz Jasso vuelve a hacer objeto de rechazo generalizado, pues cuando se supo de su nombramiento como titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro), un nuevo organismo creado para la administración y enajenación de bienes inmuebles y reservas territoriales estatales, y que ocupa desde hace 17 días a todas luces de manera ilegal, todas las voces se levantaron.
Pero, ¿quiénes apadrinan a este personaje? Al menos hay dos visibles, el titular de la todavía Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi), Julián Javier Ricalde Magaña y el Secretario de la Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Delgar, con quienes trabajó cuando fueron administración en Benito Juárez (Cancún) en el trienio 2011-2013. ¿Qué le deben estos funcionarios al recién nombrado titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos?, ¿será que en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos no hay personas más capacitadas, de solvencia moral y honrados que puedan ocupar el cargo?, ¿dónde está la transparencia cuando el nombramiento lo hicieron en lo oscurito?, alguien tiene que contestar estas preguntas.
No importó que la administración de Paul Carrillo de Cáceres inhabilitara a Eduardo Ortiz Jasso en el 2014, por un periodo de 5 años, o sea que este exidrector del Instituto Municipal de Planeación podría ocupar un cargo público en el 2019.
Por qué entonces le vemos ahora como miembro del gabinete de gobierno; porque se justifican que desde el 14 de octubre de 2014, Ortiz Jasso presentó un recurso de revocación que le fue admitido, solicitó la suspensión de la sanción, pero le fue negada. El 21 de julio de 2016 la administración de Benito Juárez ratificó la inhabilitación, Ortiz Jasso recurrió a la Sala Constitucional para combatir ambas resoluciones. En agosto de 2016 le concedieron como medida cautelar, en tanto resuelve de fondo, que su nombre no fuera inscrito en el padrón de funcionarios inhabilitados para protegerlo de la estigmatización social y profesional, pero eso no quiere decir que la inhabilitación se haya quitado, eso sucede hasta que la Sala Constitucional lo publique en estrados, cosa que no ha sucedido.
La afrenta social y la tomada de pelo a la administración estatal tiene nombre y apellido, el nombramiento de Ortiz Jasso no abona a la transparencia promovida por este gobierno y por la Legislatura actual. Ortiz Jasso fue castigado por incurrir en omisiones e irregularidades vinculadas con la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2013-2030), y alega que el trasfondo de la inhabilitación fue político, pero los empresarios y desarrolladores dicen lo contrario.
Termino al decir que este refrán se aplica perfectamente en el ejercicio de gobierno, “no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas”, aunque lo recomiende Maquiavelo. Al tiempo…
SASCAB
Se augura una buena temporada de verano en los destinos turísticos de Quintana Roo, pero nuevamente los que están en la zona sur se quedarán con las ganas, pues los proyectos que se planearon para echarlos andar, tendrán que esperar hasta el 2018, dígase la apertura de la zona arqueológica de Xcabal y la construcción de más cuartos de hotel.
Hablando del sur, que alguien intervenga en el conflicto que tienen los ejidatarios de “Aarón Merino Fernández” en Bacalar, pues tienen razón al decir que el relleno sanitario puede contaminar a la laguna de los siete colores
