El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la Conago y, aparte del obligado minuto de silencio por los recientes caídos –en Sinaloa y Jalisco–, las buenas intenciones y el llamado a incrementar los esfuerzos coordinados, muy pocas acciones concretas fueron acordadas para mejorar esta lamentable situación de riesgo en el ejercicio del periodismo. No decimos que la reunión haya sido vana, pero la verdad es que de ella salió más demagogia que acciones concretas.
De lo concreto y de trascendencia jurídica rescatamos la creación de fiscalías especializadas en cada estado y la homologación de los mecanismos de protección locales con la instancia federal.
Las acciones administrativas que se revelaron como parte de la estrategia coordinada que expuso el presidente no son irrelevantes; incluso nos parecen necesarias y, como tales, bienvenidas, como el anuncio a cargo del presidente de la Conago Miguel Ángel Mancera en el sentido de que se conformarán mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal de protección y tanto gobiernos federal como locales trabajarán con un protocolo unificado para establecer acciones de prevención, protección y atención a víctimas.
El fortalecimiento a la infraestructura y presupuesto para el Mecanismo de Protección –¿de a cuántos y de a cómo?, pregunta el merenguero antes de echarse el volado–, el aumento de personal a la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y tantas otras cosas más que se dijeron ayer las hemos escuchado con los mismos u otros actores, con diversos nombres y en distintos momentos históricos del –ese sí– invariablemente creciente riesgo para el ejercicio de la profesión de informar en el país, y en el mejor de los casos hay que hacer votos para que dichas medidas sean efectivamente instrumentadas, pero ayer en Los Pinos no pasó gran cosa.
Con respecto al tema local, justo cuando zanjando una polémica el gobernador Carlos Joaquín González determinó promover ante la XV Legislatura la abrogación de la llamada “Ley Borge” en atención a los reclamos de los periodistas agraviados del sexenio anterior, que consideraron que el borrón y cuenta nueva era la única posibilidad de sanear la normatividad, frente a un grupo –el que escribe apoya a este último–, que sostenía que era mejor rescatar lo rescatable del ordenamiento de 2015 en aras de ganar tiempo y respetar esfuerzos precedentes, habrá que valorar el impacto que la homologación de los mecanismos estatales con el federal pueda acarrear, pues no se habló de leyes, reglamentos o convenios formales, sino de acuerdos emergentes que, mientras no aterricen jurídicamente, se los puede llevar el viento.
A diferencia del reguero de opiniones de ayer en las redes sociales, nosotros tendemos al escepticismo y a suponer que el respetable acto de ayer de la Presidencia y la Conago fue sólo eso: un acto.
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