La PGR establece que los delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, generan en promedio el surgimiento de alrededor de 40 bandas de plagiarios al año. Estos criminales piden desde cinco mil pesos hasta 40 millones de pesos por liberar a un secuestrado.
En lo que las autoridades han llamado “las ganancias de la industria del dolor”, la PGR revela, mediante una respuesta de información pública, que oficialmente existen 89 negociadores o manejadores de crisis registrados en todo el país por parte de autoridades encargadas de procurar justicia, quienes han aprobado diversos exámenes de confianza y son autorizados a intervenir en casos de secuestro.
El secuestro se ha convertido en toda una industria, cualquier familia puede enfrentar este tipo de violencia porque la condición económica de las víctimas ya no es un factor determinante; quedando en el pasado la afectación sólo de personas acaudaladas.
En materia de secuestro, es innegable que este delito presenta una tasa negra elevada, es decir, que un gran porcentaje de las víctimas o afectados no denuncian el delito por causas atribuibles a la autoridad como: desconfianza, impunidad, miedo a la extorsión, pérdida de tiempo; o por otras causas como miedo a los agresores.
A esto se le agrega la complicidad de policías en este delito, se obtiene como resultado que las bandas de secuestradores operen con un nivel casi perfecto de impunidad. Una de las características sociales en los últimos años ante este tipo de delitos es la incertidumbre de la ciudadanía ante una justicia efectiva, pronta y expedita.
Mientras las autoridades alardean una reducción en este delito en 2016, debido a la disminución de víctimas totales; lo cierto es que su combate es deficiente y en la gran mayoría de los casos, las víctimas prefieren evitar la denuncia, en gran parte, porque han comprendido la lógica del secuestrador pagos inferiores, daños menores por lo que la familia del secuestrado al ver un daño patrimonial menor y recuperar a la víctima, prefieren no denunciar ante el temor al cumplimiento de las amenazas.
Aunado a que las víctimas son manejadas con indiferencia, maltrato, abuso de autoridad e intimidación, lo que facilita la impunidad de las bandas de secuestradores y ha fortalecido en los ciudadanos el hábito a no denunciar pues, es la propia autoridad la que revictimiza a quienes enfrentan una crisis de secuestro. El secuestro se ha convertido en un negocio delictivo en pleno auge; cientos de personas se han visto trastocadas en su dignidad y privadas de su libertad, y más aún, algunas de estas personas por desgracia han sido mutiladas o privadas de la vida de manera cobarde. Se perciben medidas adoptadas por el Estado para hacer frente al delito de secuestro de tipo inmediatistas y coyunturales, que son de corte populista, debido a que se realizan reformas al Código Penal Federal con sanciones elevadas, para dar cumplimiento a las demandas sociales de «forma aparente» en el combate a los delitos de secuestro; sin embargo, no se atienden las causas que originan el problema.
