El miércoles México debió amanecer con 33 sistemas para combatir la corrupción: uno nacional y 32 estatales, pero no ocurrió así.
Las leyes que componen los sistemas nacionales y estatales anticorrupción sí estuvieron listos, pero no a tiempo para contar con la estructura que deben operar su aplicación.
Salvo en cinco estados del norte del país, los demás congresos estatales, incluso el de Quintana Roo, no hicieron el trabajo a tiempo. Estuvieron distraídos en otras cosas, en la grilla, en la autopromoción de los diputados que quieren ser presidentes municipales, pero no hicieron lo importante.
Desde hace un año, cuando se aprobaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció que para el día 19 de julio de 2017 entraría en función todo el entramado para combatir el mencionado flagelo, pero en el Congreso de la Unión los diputados no se pusieron en acuerdo ni siquiera en el nombramiento del fiscal anticorrupción y tampoco en la selección de los ciudadanos probos, de prestigio, que formarán parte del comité de participación ciudadana.
Y en los estados estuvo peor. Tuvieron un año para adecuar su marco normativo y dar los pasos necesarios para la integración de los diversos órganos, pero como ocurrió en Quintana Roo apenas les dio tiempo para aprobar las leyes locales en la materia pocos días antes de que el Sistema Nacional Anticorrupción naciera con el síndrome de Tetra-Amelia, es decir, sin brazos y sin piernas.
El mencionado sistema es como un edificio en obra negra que se quedó sin acabados, por la cultura indolente, de dejar todo a última hora de los legisladores. No se cuenta ni siquiera con la comisión de selección para designar a quienes integrarán el comité ciudadano.
Además, nace amarrado a los grupos de poder, se deja a la escasa voluntad política de un grupito que compone la comisión permanente de los congresos estatales, incluyendo en Quintana Roo.
No se permitió que sea el pleno de las legislaturas participen en esas tareas, lo que le hubiera transparentado la selección de los integrantes del mencionado comité.
Pero dicen que en país de ciegos el tuerto es rey: hay estados como Chihuahua y Baja California Sur que ni reforma legal pudieron hacer.
La manera trompicada como nacen los sistemas anticorrupción desacredita desde ya el trabajo que puedan y les dejen hacer a partir de que en la práctica sean constituidas.
Como en la mayor parte del país, en Quintana Roo todavía se tiene que designarle presupuesto, oficinas y veremos cómo serán seleccionados aquellas personas que integrarán el comité ciudadano que debe dar transparencia a las acciones del Sistema.
Quién sabe si el Congreso que encabeza Eduardo Martínez Arcila vaya a tener tiempo de saldar los pendientes, muchos pendientes que aún hay que resolver antes de que en la práctica el Sistema Estatal Anticorrupción entre en vigor, porque en su cuarto de servicio tiene mucho lavado y plancheo atrasado.
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