Dice la canción de la artificiosa Época de Oro del cine mexicano que San Luis Potosí es vecino de 10 estados. Eso es falso, porque sabemos que son nueve las entidades que lo circundan y sólo con siete comparte frontera –con Coahuila y Jalisco sólo se “toca” en un punto de unión territorial–, pero de cualquier manera está en el centro del país y tiene muchas vecindades. No somos de San Luis Potosí pero lo aceptamos simbólicamente como muy representativo de la mexicanidad. Lo que nos falta ahora es que el autodenominado colectivo de periodistas del norte, que nos desprecian a sus vecinos del sur de Quintana Roo y buscan el absoluto predominio de su enclave, nos vayan a salir con que hay que tumbar los acuerdos que atendió el gobierno estatal, que se parecen a lo que querían pero con ellos nunca se sabe.
En San Luis Potosí el cuarto día del mes recién concluido se efectuó una reunión de capacitación de 135 servidores públicos de toda la república para conformar las novedosas unidades estatales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Quintana Roo ya cuenta con la suya y con un titular de la misma que es uno de los políticos más experimentados y reconocidos en activo: el abogado y expresidente del Poder Judicial Joaquín González Castro.
No se sacó nada de la manga. En Quintana Roo se discutía la permanencia de la ley local correspondiente y del mecanismo del patio, diseñados ambos entes casi a imagen y semejanza de los federales y muy parecidos a 16 ya aprobados en el país, pero los traumas de las agresiones sufridas durante el sexenio de Roberto Borge Angulo por un grupo numéricamente mínimo aunque sí de peso informativo y de opinión, el gobernador se vio obligado a poner mediante un decreto de abrogación todo el sistema a la consideración de la sociedad y la soberanía popular estatal.
Esta iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González llegó a la Oficialía de Partes de la XV Legislatura justo un día antes de una reunión de emergencia de la Conago con el presidente Enrique Peña Nieto llevada a cabo en Los Pinos el 17 de mayo por el asesinato en Culiacán del periodista Javier Valdez. El de Miroslava Breach Velducea había acaecido pocas semanas atrás en Chihuahua, luego de casi incontables agresiones más padecidas en lo que va del sexenio.
El 22 de mayo se reunieron los 32 secretarios de gobierno en dos tandas, según el nivel de riesgo de las actividades en las entidades federativas, que el de junio suscribieron el convenio de coordinación con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
En entrevista con un periódico capitalino el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Roberto Campa Cifrián explicó la creación de las comisiones estatales:
“Hoy los mecanismos de protección, principalmente el nuestro, no pueden esperar a que los periodistas vengan a pedir apoyo porque están en riego, se requiere de una acción mucho más proactiva. Identificar, por distintas variables, quiénes son los comunicadores que pueden estar en riesgo debido a lo que escriben”.
Los del también llamado Grupo de los 100 –porque tienen 100 firmas de apoyo pero nadie sabe de quiénes– no son de San Luis Potosí, pero no parecen ser de ninguna parte. Piden acuerdos y los boicotean; aceptan díalogo y lo bombardean; querían foros y al verse apabullantemente superados por opiniones distintas a su pasión antiborgista, los desconocen; piden reuniones y no las aceptan cuando ya están pactadas “porque nadie está dispuesto a pagar un viaje”. Una coperacha para la gasolina, ¿no?
¿Sabrán qué quieren? ¿De dónde son? A ver qué hacen ahora, porque ya no vemos a un gobernador que, por tolerante y abierto atendió sus lloriqueos, vaya a desatender un tema tan importante que está en el proscenio de la nación. Tampoco, como pretendían, la XV Legislatura se ha plegado a sus caprichos.
Lo responsable es que se buscara determinar qué es lo que parlamentariamente se ajustara a la nueva realidad.
