La situación que viven los trabajadores de los medios de comunicación no es la más óptima de acuerdo a lo que reza la Ley Federal del Trabajo, en la mayoría de los casos no se les proporcionan los servicios médicos, no cotizan en el Infonavit, no tienen cajas de ahorro y casi ya no se les proporcionan las herramientas de trabajo.
Si bien es cierto que este oficio apasiona a casi todos los que laboran para un medio de comunicación, sea impreso, digital, de radio o televisión, también no podemos negar que aquí no se cumplen las jornadas de ocho horas, ni la semana inglesa, por obvias razones; pero por eso no hay queja de los compañeros periodistas, reporteros, editores, diseñadores, administrativos e impresores, que hacen que la noticia circule por las diferentes plataformas.
Pero ya basta que los dueños o inversionistas de estos medios traten a sus trabajadores con la punta del pie, que algunos directivos no tengan ni la más mínima educación para referirse al personal a su cargo, y que a la hora de despedirlos lo hagan en condiciones de lo más gandalla, pagando la mínima cantidad de finiquito y sin el pago de las prestaciones que marca la ley; y no digamos si el empleado decide irse, porque entonces sí, aplican esa de que como él o ella renunció, pues le damos lo que sea.
Pero esa impunidad con la que actúan tiene un cómplice, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que ahora está en manos de Catalina Portillo Navarro y quien, supuestamente, está de lado de los dueños de medios de comunicación y tiene dilatados los juicios laborales del gremio. Tengo conocimiento de que compañeros que interpusieron demandas por considerar injusta la ínfima liquidación que ofrecían, llevan años, meses y semanas en juicios, que la Secretaría del Trabajo no tiene voluntad de resolver; no quiero pensar que Catalina Portillo ya llegó a un acuerdo con estas empresas dedicadas a la comunicación, y dilata la justicia.
Hay extrabajadores de La Verdad de Quintana Roo que denuncian un contrato gandalla, que el empleado tiene que estar dos años a fuerza en esa empresa, y si no, tiene que pagar una penalización de 100 mil pesos. O el QueQui, donde hay compañeros que llevan años litigando su despido injustificado sin que el expediente se mueva; o en el Quintana Roo Hoy, donde se creen “tocados por Dios” y pueden tratar a los trabajadores como si fueran esclavos, sin que se les cumpla con todas las prestaciones laborales, además de retrasar el pago de sus quincenas, las que les dan en abonos.
Si de por sí el reportero no tiene todas las garantías laborales, ahora Catalina Portillo les niega la impartición de justicia laboral, pues la desesperación de los trabajadores de los medios de comunicación es tal, que ahora recurren a la única herramienta que les queda, evidenciar la injusticia en redes sociales.
SASCAB
Por buen camino va la prestación de servicios médicos por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a los empleados de los ayuntamientos de Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Bacalar, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, pues la delegada de la dependencia, Cora Amalia Castilla Madrid se reunió con los oficiales mayores de esas demarcaciones para afinar detalles en cuanto a la inscripción de los trabajadores.
Esto porque las y los trabajadores de esos seis ayuntamientos no cuentan con seguridad social, por ello solicitaron al Instituto su afiliación, motivo por el que se deberá realizar un estudio de factibilidad para determinar el número total de derechohabientes que habría que incorporar, y las mejoras en infraestructuras y presupuesto que se requerirán para atender esa nueva demanda de servicios. Bien por Cora Amalia y los presidentes municipales.
