Se está construyendo una nueva relación entre el gobierno y la prensa. Una en la que debe prevalecer el respeto mutuo y la libertad de expresión, derechos paulatinamente
recuperados por los actores vulnerados de antaño.
Porque hubo excepciones, claro está. Pero atrás parecen quedar las malas prácticas relacionadas con criterios y líneas convenientes para una minoría.
Desde hace algunas semanas se le ha visto más activo a Felipe Ornelas Piñón, coordinador general de Comunicación Social, visitando a medios de comunicación u ofreciendo charlas a periodistas para explicar los antecedentes, el contexto y los propósitos de esta relación en desarrollo, anunciada por el gobernador Carlos Joaquín en sus primeros discursos.
¿En qué consiste? En una política pública sustentada en ese respeto y esa libertad, pero
también en la apertura, la pluralidad, la transparencia y la diversidad. Es decir, es un trato
que debe evolucionar con aprendizaje, capacitaciones, intercambios y construcción
permanentes, en beneficio de una sociedad (no solamente del cliente o del receptor nato).
Será una transición lenta, pero segura. Porque además de las explicaciones dadas por quien cumple funciones de vocero, se apuntala con talleres acerca de temas relevantes, la mediación en leyes para el gremio, el uso de múltiples canales para acceder a información pública y varias facilidades no vistas antes durante el trabajo de campo.
Y será lenta, entre otros motivos, porque son más de 200 medios de comunicación
registrados, con líneas, intereses y mercados diferentes, por lo que integrarlos a dicha
dinámica no será tarea fácil si se asume que perdura una vieja usanza basada en acciones y actitudes que no aportan. Debe ser, en todo caso, un pendiente de ambas partes.
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Fomentar esa estrategia, además de
garantizar que los periodistas cuenten con las condiciones básicas para desarrollar el
trabajo, ya que así se mejora la posibilidad de que la ciudadanía sea informada
adecuadamente y esté al tanto de lo que pasa en el estado y de las acciones de gobierno.
¿Y la del medio? Cumplir su función social, favorable para la sociedad, con material veraz, ecuánime y útil, apostando al equilibrio informativo para no fallarle a un público creciente, cada vez más crítico y participativo gracias a las plataformas donde se puede comunicar.
En torno al párrafo anterior se presenta un reto: el torrente que fluye en las redes sociales, donde junto con una enorme variedad de opiniones coexiste mucha información falsa, a veces manipulada. “De ahí la necesidad de madurar como sociedad para tener los criterios y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, o lo real de lo inventado”, explicaba Ornelas en uno de los encuentros.
Para muchos comunicadores y servidores públicos es un punto cero. Por lo mismo, el
ciudadano debe sumarse a esta realidad, pues cabe recordar que Quintana Roo prefirió la alternancia, con lo cual deja atrás esquemas ya inservibles. Después de todo, son los
sistemas políticos los que determinan la importancia de la opinión pública respecto a su
papel, el periodista lo comparte y el ciudadano lo asimila.
