Tras pedir al Senado que no ratifique lo aprobado por los diputados, el dirigente de Morena afirmó que esa norma no es necesaria ni indispensable para el país.
En su segundo día de actividad proselitista por varios municipios de la Costa Chica, de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, afirmó que la Ley de Seguridad Interior, aprobada por mayoría de votos en la Cámara de diputados a nivel federal, es innecesaria, no hace falta ni es indispensable.
Pidió a los senadores y senadores, del Senado de la República, que no la aprueben, y anunció que de llegar a ser el nuevo presidente de México creará una Comisión de la Verdad para investigar a fondo la desaparición de los 43 normalistas.
En un mitin llevado a cabo en Xochistlahuaca, cabecera municipal del municipio del mismo nombre, de la Costa Chica, agregó que en caso de que la mencionada Ley de Seguridad Interior, sea aprobada en el Senado de la República, donde fue turnada por la Cámara de Diputados para su ratificación, rechazo o modificación, una vez que sea el presidente de México, de llegar a ganar las votaciones del primero de julio del 2018, buscaría la manera de eliminarla o modificarla.
Añadió: “todavía falta que se apruebe en el Senado, porque todavía hay posibilidad de mejorarla, pero de plano que no se apruebe, porque no hace falta, porque garantizar la seguridad pública, es una obligación del gobierno (federal), lo que pasa es que (Enrique) Peña Nieto, nunca ha asumido el mando, nunca se ha hecho cargo de garantizar la paz y la tranquilidad, entonces no es indispensable esa ley”.
También de llegar a ser el nuevo presidente de México ofreció a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2017, en Iguala, crear una Comisión de la Verdad, para que no siga el encubrimiento y se conozca toda la verdad de este hecho.
Dijo que mediante esa Comisión de la Verdad, se les dará garantías a los involucrados en este caso de desaparición que aún no han sido detenidos o interrogados, “van a poder hablar con libertad, tendrán garantías, porque no habrá amenazas, se va a conocer la verdad”.
La Cámara de Diputados avaló en lo general y particular la Ley de Seguridad Interior, que establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá exceder de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.
Con 215 a favor, 101 en contra y 4 abstenciones en lo particular, los legisladores definieron que con la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que ya esté la presencia de las Fuerzas Armadas tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior para sujetarse a esta nueva legislación.
Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen, según publicó El Universal.
«La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”, detalla el artículo 15 del documento.
¿QUÉ RESUELVE LA LEY DE SEGURIDAD?
A su vez El Universal, publicó en una de sus columnas de opinión que dicha ley es la contraparte de lo que hace una década se hacía, ya que la labor de las tropas era principalmente de corte social y de apoyo ante desastres naturales. Esa orientación se modificó en 2006 cuando por orden presidencial grupos de militares fueron enviados a Michoacán para colaborar en la contención de la inseguridad que se había desbordado en ese estado.
La propagación de grupos criminales, en combinación con corporaciones policiacas débiles o infiltradas por la delincuencia, tuvo como consecuencia que se volvieran escenas comunes los patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución establece que esa función corresponde a cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los estados o los municipios. Organizaciones sociales, de derechos humanos —nacionales e internacionales—, así como el propio Ejército, señalaban la inconsistencia.
Durante todo este tiempo el Ejército ha venido realizando funciones que hasta ayer no se encontraban en ninguna normatividad.
Fuente: El Debate
