Durante 17 años, Andrés Manuel López Obrador ganó simpatizantes en todo el país, su fuerza se encuentra en el Sureste y en la Ciudad de México, donde gobernó por cinco años; hoy, su capital político se reduce, primero porque existe una nueva generación que se encuentran ocupada en la globalización, segundo porque le ponen frente a él a un candidato “ciudadano” que nada tiene que ver con los partidos que tanto critica AMLO, pero lo que le baja más los bonos son las declaraciones tan desafortunadas sobre “amnistía” a integrantes del crimen organizado.
Quiero pensar que la idea que trae Andrés Manuel es la que aplicó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos con los paramilitares de la guerrilla; pero eso demuestra el desconocimiento que tiene AMLO de la realidad del país, el desprecio a la justicia y de sus instituciones.
Según Wikipedia “la amnistía (del griego amnestia, olvido) es un instrumento jurídico que es en carácter de Ley expedida por el poder Legislativo y que tiene por efecto, la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.
Así que lo que promete AMLO a los malosos, en caso que gane las elecciones presidenciales del 2018, no será posible si el Congreso de la Unión, compuesto por los diputados federales y los senadores, no aprueba tal medida de amnistía. Si el dirigente nacional de Morena había avanzado en preferencias electorales, con estas ideas los conservadores le retirarán el apoyo. No se debe olvidar el escenario a donde fue a dar su declaración, en Quechultenango, Guerrero; ese estado está infiltrado por el narco en casi todos los rincones de los municipios.
Para muchos juristas esta visión es la negación del Estado de Derecho y de la Constitución en México, es el desprecio por las leyes y las instituciones, cuando lo que México necesita es todo lo contrario, construir instituciones fuertes que hagan valer la ley a todos los ciudadanos y que nadie esté por encima de esta, ni los gobernantes mismos. No se trata de “perdón y olvido”, pues las víctimas del crimen organizado claman justicia desde la oscuridad.
SASCAB
Preocupación y pago de consecuencias se vive en el gremio taxista del estado, pues están preocupados por la inminente aprobación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, hecho que debe quedar consumado antes del 15 de diciembre cuando termina el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la XV Legislatura. Palabras más, palabras menos, la referida ley contempla que el posesionario de una concesión deberá trabajarla, si no lo hace, le será retirada.
Además el artículo 17 contempla que en las facultades del Ejecutivo, el Gobernador del Estado podrá expedir concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación del Servicio Público de Transporte, previa dictaminación del Instituto de Movilidad, conforme a la normatividad aplicable. Así que adiós al sindicalismo taxista.
