Hace unos días el ombudsman Harley Sosa Guillén presentó el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2017. La calificación de los recintos del estado (6.04) generó debate: para algunos era aprobatoria y, para otros, claramente reprobatoria.
Pero más allá de la nota obtenida las alarmas se activaron porque persisten viejos vicios al interior, aun cuando se advierte un ascenso respecto de años anteriores, cuando, al parecer, las fallas se maquillaban con fines más políticos.
La Comisión estatal de Derechos Humanos hizo observaciones respecto a los autogobiernos; las condiciones de infraestructura; la sobrepoblación; la insuficiente atención médica; la necesidad de mayor capacitación para la reinserción social, así como la deficiente separación entre sentenciados y procesados.
La situación de los recintos locales es, sin embargo, casi igual que las del resto del país. Los estudios más recientes, además de las notas periodísticas y los trascendidos sobre la realidad, revelan un panorama nada ajeno.
El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, con la cual demostró lo que se temía. Era peor de lo esperado, se lee en el artículo introductorio.
Por ejemplo: un tercio de las personas privadas de libertad dijo haber sido víctima al interior (33.2%), donde la conducta delictiva más común es el robo de objetos personales (89.2%). Con un margen de diferencia la conducta delictiva que le sigue son las lesiones (24.6%), las extorsiones (20.1%), las amenazas (18.3%) y los delitos sexuales (5%).
Por otro lado se encontró que de las personas privadas de su libertad, que fueron víctimas de un acto de corrupción –siempre al interior–, solo 5.8% decidió denunciar; el 94.2% restante prefirió no hacerlo, principalmente por temor a represalias (31.4%). Otras de las razones para no denunciar es la idea de que es una práctica común (26.6%) y la percepción de que sería inútil quejarse (20.2%).
En el ámbito estatal, Sosa Guillén destacó la necesidad de que las autoridades correspondientes tomen en cuenta estos señalamientos a fin de que se garanticen los derechos de la población recluida, pues la pérdida de su libertad, enfatizó, no significa que hayan perdido su dignidad.
También conminó a que las políticas públicas contengan un enfoque de derechos humanos y que esas estrategias en materia de seguridad pública contemplen la situación de las cárceles a fin de garantizar una plena paz social en la entidad.
La opinión de los mexicanos en torno a la reinserción de los presos a la sociedad es contundente: un 47% de los encuestados por Parametría este año cree que las cárceles no ayudan a los reos en esa misión principal.
No se trata de porcentajes cuando se conoce el panorama general del país, con cifras tan adversas como las exhibidas. De esa forma se infiere que los quehaceres de las autoridades deben mejorar significativamente, ya que, de lo contrario, se eterniza un círculo vicioso.
