“Candil de la calle, oscuridad de la casa” es un conocido refrán que se refiere a quienes se comportan mejor con amigos y extraños que con la propia familia.
Así suele ser el comportamiento de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en México y el de Quintana Roo, aún en manos de Harley Sosa Guillén, no es la excepción, pues en lo general esas instituciones operan fuera del marco de la congruencia entre los dichos y los hechos, entre los deseos y la realidad.
En México hay 33 organismos públicos de defensa de los derechos humanos, incluida la Comisión Nacional a cargo Luis Raúl González Pérez, pero se cuenta con los dedos de una sola mano los que están bajo la responsabilidad de mujeres.
Solo las comisiones estatales de Baja California, Campeche, Distrito Federal, Morelos y Nuevo León están en manos femeninas y ello no es congruente con organismos dedicados a promover los derechos humanos y la equidad de género.
En el caso de Quintana Roo la renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con la convocatoria que se emitió a fines del año pasado, mañana miércoles vence el plazo para que el Congreso reciba las propuestas de quienes podrían ser sustituir a Sosa Guillén.
Todo parece indicar que será la Comisión Permanente de la XV Legislatura la que se encargue de nombrar al próximo “ombudsman” quintanarroense, que deberá asumir sus funciones el 30 de enero próximo, pues el 29 concluye la gestión de Sosa Guillén.
Hay un interés particular porque la Comisión quede en manos de una mujer, aunque no necesariamente, pero es el deseo de quienes intervienen en el proceso de designación, según se dice.
Justamente ese proceso registra cambios en relación con el que se usó en la designación de Sosa Guillén, quien dicho sea de paso salió del gabinete de Roberto Borge Angulo, pues era el director jurídico de la Secretaría de Gobierno.
El aún presidente de la comisión estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo siempre fue el candidato “de la línea” y como tal se benefició con la “cargada”, pues prácticamente todos los organismos no gubernamentales, muchos sólo de membrete, lo hicieron su candidato y ante el apabullante deseo de las mayorías al Congreso no le quedó más remedio que designarlo.
Ahora las cosas son diferentes, pues para empezar por primera vez hay una amplia participación de funcionarios de la propia comisión que buscan participar en el proceso con el objetivo de dirigir el organismo que ha invertido en su formación, en el que se han desarrollado profesionalmente y desde donde ellos mismos han financiado su preparación y capacitación en temas que son muy especializados.
Esos son los casos del coordinador en la zona norte Marco Toh; del secretario técnico, Eduardo Ovando, hijo del ex senador Eduardo Ovando Martínez; del segundo visitador Luis Fernando Medina Garcés y la secretaria ejecutiva y titular de la unidad de vinculación Olga Tathiana González Morga, quien tiene las simpatías de los empleados del organismo.
Todos ellos se forjaron al interior del organismo y hoy, por primera vez, se les presenta la oportunidad de aspirar a un cargo que siempre fue para los de fuera, tuvieran o no formación en todo lo que implique la defensa y promoción de los derechos humanos.
De hecho, es raro que desde el interior de esos organismos públicos surja su titular, pero en el caso de la Comisión Nacional, Luis Raúl González Pérez sí se desarrolló desde el interior.
Sin embargo, desde afuera también hay quienes aspiran a sustituir a Sosa Guillén: uno de ellos es Roberto Guzmán, activo defensor de los derechos de la comunidad lésbico-gay.
A diferencia de otros procesos, en esta ocasión se impusieron candados: por ejemplo, ya no se permitirá la “cargada”. Los aspirantes al cargo sólo podrán presentar dos cartas de apoyo de organismos que, además, hayan trabajado de cerca con la Comisión por lo menos en los últimos dos años.
Ya no podrán ser apoyos de organismos que son solamente membrete o que nunca han trabajado de cerca con la Comisión Estatal, como ocurrió en el pasado.
Además, los organismos que apoyen a los aspirantes no podrán hacer pronunciamientos públicos de apoyo o de crítica a otros candidatos. Solo podrán emitir respaldos públicos aquellos que no hayan brindado a nadie su respaldo por escrito.
Así, parece que están dadas las condiciones para que haya una selección pulcra y dependerá de los diputados no “manosear” el proceso.
Ojalá que también se den las condiciones para que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo no sea solo candil de la calle y que sus acciones también iluminen al interior, hacia el patio de la casa en el que se dan abusos que afectan a quienes allí trabajan.
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