El presidente estaría dispuesto a facilitar su acceso a la ciudadanía estadounidense si se aumenta el presupuesto para la vigilancia fronteriza.
La Casa Blanca propuso hoy al Congreso una reforma migratoria que permitiría legalizar a 1,8 millones de inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU de niños, conocidos como “dreamers” (soñadores), a cambio de 25.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza.
Fuentes familiarizadas con las conversaciones informaron hoy a Efe de los planes de la Casa Blanca para permitir acceder a la ciudadanía estadounidense a 1,8 millones de “soñadores”, una cifra mayor a los 690.000 actualmente protegidos por el programa DACA, que acaba en marzo por orden del presidente, Donald Trump.
Según estas fuentes, la cifra de 1,8 millones de inmigrantes indocumentados incluye a aquellos que se beneficiaron del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y también a los jóvenes que llegaron a EEUU de niños pero no pudieron acogerse a ese plan por diferentes razones.
Un sector del partido republicano rechaza la regularización de este colectivo por considerarlo una “amnistía”
Para acceder a DACA, esos jóvenes tuvieron que probar que habían llegado a EEUU antes de los 16 años y que tenían menos de 31 años en 2012, cuando el anterior presidente, Barack Obama, aprobó el programa.
Debido a esas restricciones de edad, cientos de miles de jóvenes no pudieron acceder a DACA aunque cumplían con los otros requisitos: no tener antecedentes penales y haber cursado o estar cursando estudios de educación secundaria o estudios superiores en la universidad.
Esos jóvenes que fueron excluidos de DACA también forman parte de la propuesta que la Casa Blanca ha enviado al Congreso, explicaron a Efe las citadas fuentes.
En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump ya afirmó ayer estar dispuesto a apoyar una vía a la ciudadanía para los “dreamers”, un asunto conflicto dentro de su partido, pues algunos republicanos considerarían ese gesto como una “amnistía”.
La pelota está ahora en el Congreso, que deberá estudiar las propuestas del presidente y tratar de incluirlas en una ley migratoria.
Fuente: La Vanguardia
