DESTRIPACUENTOS
- Una propuesta seria y sustentada, cuyo destino será la burla o simplemente la evasión de parte de los políticos
- El combate al crimen organizado da ridículos y mínimos resultados, pero llena las cárceles de jóvenes consumidores
- Preferimos aumentar cada año el monto para endurecer a la policía, pero desdeñamos la inversión en educación media y superior
Cancún, Quintana Roo (28 de enero).- propuesta de legalizar el uso de la marihuana medicinal, e incluso recreativa, en los destinos turísticos, hecha por el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, merece una consideración profunda. Sin embargo, la discusión está destinada al fracaso desde ya, sencillamente porque los mexicanos no estamos preparados para ver más allá del prejuicio moralista y religioso.
Eso lo dicen las encuestas.
Las estadísticas, por otra parte, indican que las cárceles mexicanas están saturadas, sin cupo para recibir más reclusos, y que la mayor parte de estos internos, en más de un 85 por ciento, son jóvenes, varones, en el rango de los 18 a los 29 años.
La Secretaría de Gobernación, reveló cifras preocupantes que indican que un alto porcentaje de estos jóvenes son `primo delincuentes´, asociados al tráfico y consumo de enervantes, principalmente marihuana.
El aparato de Estado para combatir a la delincuencia organizada, es decir, desde elementos policiacos, patrullas, armamento, vehículos, incluyendo al aparato del Poder Judicial, con jueces, sueldos, oficinas… todo es un gasto monumental, que crece cada año con la justificante de que los criminales también incrementan su efectividad y poder.
Pero la realidad es que los resultados en el combate a las mafias es ridículamente pequeño y lo que ocurre es que todo aquél aparato llena de jóvenes las cárceles mexicanas.
La discusión deberían de darse por lo menos por su sentido humanitario. Veamos, tenemos un déficit de preparatorias y universidades increíblemente enorme. Apenas el 18 por ciento de los egresados del nivel bachillerato tienen un espacio en algún centro de educación superior, tomando en cuenta instituciones públicas y privadas.
Es absurdo no tener oportunidades de educación, pero enfatizar y aumentar el gasto que se dedica a encarcelar jóvenes con problemas de adicción a drogas.
Esos son los dato duros.
Pero las encuestas dicen que los mexicanos no estamos preparados para enfrentar este problema.
Gabinete Estratégico detectó, en uno de sus últimos sondeos nacionales, que la mayor parte de los mexicanos están en contra de la legalización del matrimonio igualitario, del aborto y, obviamente, del consumo de la marihuana en todas sus formas.
Por eso los políticos eluden el tema. Le temen al castigo que le daría esa mayoría desinformada, religiosa y prejuiciada, a la hora de acudir a las urnas.
Mientras, en Estados Unidos hay media docena de estados que avanzan en ese sentido, los más progresistas por cierto, como Washington y California, en México invertimos sumas millonarias en detectar y fumigar los cultivos en Oaxaca, en ubicar y destruir túneles en la frontera y, repito, en perseguir y encarcelar a los mexicanos en plena edad productiva para confinarlos en una mugrosa prisión, sin oportunidades de un proceso breve.
Esta propuesta de De la Madrid Cordero es muy importante. No tiene que ver con resolver los problemas de adicción (que ese sería un segundo paso), sino que su razonamiento es en primer lugar humanitario y de justicia para cientos, si no es que miles, de jóvenes. En segundo lugar, reduciría la presión que tienen los cuerpos policíacos y el Poder Judicial para enfocar asertivamente sus esfuerzos de combate a los verdaderos criminales.
Pero para que no sea un rollo sin sustento, les dejo aquí un artículo de Jorge Castañeda, muy revelador sobre el asunto:
El año pasado, los electores de Colorado y el estado de Washington aprobaron iniciativas para legalizar el consumo recreativo de marihuana. Mientras se definen los detalles, los acontecimientos no sólo son observados en Estados Unidos. También México presta atención, al haber pagado un precio enorme por librar una costosa, y hasta cierto punto inútil, cruzada contra las drogas durante años en concordancia con el enfoque punitivo de la comunidad internacional.Un número creciente de mexicanos está haciendo preguntas lógicas: ¿por qué deberían sus líderes seguir un camino que provoca violencia, genera violaciones a los derechos humanos, erosiona la imagen del país en el extranjero y cuesta una fortuna, principalmente para contener el flujo de drogas al norte? ¿Por qué rociar herbicida y destruir cultivos de marihuana en las colinas de Oaxaca, buscar túneles en Tijuana y encarcelar a traficantes de “mota” en Monterrey, si su consumo se vuelve legal en partes de Estados Unidos? ¿Por qué desplegar un esfuerzo tan enorme para impedir el narcotráfico si Washington no hace prácticamente nada para detener el flujo de armas de fuego a México, y ha concluido que puede, y debe, evitar que migrantes de México y Centroamérica ingresen a Estados Unidos? Si el Congreso puede “asegurar” la frontera contra la gente, con el uso de muros y vehículos no tripulados, ¿por qué no puede hacer lo mismo contra las drogas o las armas y, en el proceso, respetar el derecho de México a diseñar sus propias políticas?Estos sentimientos son parte de la razón para un cambio en las actitudes mexicanas hacia las drogas en general, y hacia la marihuana en particular. Dos ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, quienes combatieron enérgicamente el narcotráfico y el consumo de drogas durante sus mandatos, han concluido que este enfoque está condenado al fracaso y que una mejor política incluiría la despenalización del consumo y comercio de marihuana. El entonces presidente Felipe Calderón hizo un llamado en la Asamblea General de la ONU el año pasado para que cambiara su enfoque, al eliminar los perversos incentivos que fortalecen el crimen organizado transnacional y afectan gravemente el Estado de derecho y la democracia en algunos países.México es un país sumamente conservador cuya población aún se opone en gran parte a la legalización de la marihuana. Sin embargo, un número cada vez mayor de líderes empresariales, políticos y académicos está cambiando sus opiniones. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que tiene autoridad para legislar cuestiones de salud e impartición de justicia, está contemplando una medida que, en la práctica, permite una posesión y consumo regulados de marihuana. Los mexicanos ya pueden poseer legalmente 5 gramos de marihuana, una cantidad mucho más pequeña que la que comúnmente se vende, compra o comparte. De hecho, despenalizar la marihuana estaría de conformidad con las actitudes liberales en la capital y con leyes que se apoyan en la firme creencia de que el derecho a la privacidad incluye ciertas elecciones personales, incluso, o especialmente, cuando no son compartidas por la mayoría.Nosotros y otros ex secretarios de gabinete (Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Carlos Salinas, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud con Zedillo), nos hemos unido al intelectual público más importante de México y a una prominente activista social para buscar la legalización en la Ciudad de México. Los cuatro ocupamos puestos de alto nivel directamente relacionados con la problemática de las drogas en las cuatro Administraciones anteriores de México. Junto con Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y María Elena Morera, fundadora de México Unido Contra la Delincuencia, estamos alentando a las autoridades de la Ciudad de México a proceder sin demora.Por motivos prácticos y políticos, nuestro esfuerzo se limita a la despenalización del consumo de marihuana en el Distrito Federal, aunque algunos creen que se puede presentar fácilmente el mismo argumento para otras drogas en todo el país. Una reforma que limite sus efectos a la marihuana es posible: ir más allá no parece factible hoy en día. Otra razón para avanzar lenta aunque firmemente es el impacto que tendría esta decisión en la relación entre México y Estados Unidos.El presidente Enrique Peña Nieto se opone a la legalización pero parece abierto a un debate amplio y al consenso que surgiría, ya sea local, nacional o regionalmente. Puede que acepte la decisión de la Ciudad de México incluso si no le gusta, de la misma forma en que el presidente Obama parece haberse resignado a la legislación en Colorado y Washington. México ha ratificado tratados para prohibir sustancias ilícitas, pero estos acuerdos internacionales le permiten a los gobiernos establecer sus propias políticas dentro de ciertos límites; un ejemplo es la tolerancia holandesa y portuguesa. Estados Unidos debería apoyar a su vecino al tiempo que éste busca un margen de acción para su propia postura, incluso si eso discrepa con la política de Estados Unidos.Los mexicanos han pagado un alto precio en la lucha contra las drogas. Sabemos que esta guerra no puede ser ganada. Esta lucha debería ser librada por médicos en lugar de fuerzas armadas. La despenalización de la marihuana no es una garantía, pero sería un paso importante para abandonar un enfoque fallido. La Ciudad de México es el lugar indicado para comenzar, gracias al ejemplo que dieron Colorado y el estado de Washington. Fernando Gómez Mont fue secretario de Gobernación en la Administración de Felipe Calderón.Jorge G. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores en la Administración de Vicente Fox.
Artículo publicado originalmente en The Washington Post. Traducción: Alicia Gómez.
