Con la aprobación este lunes en el Congreso del Estado de un paquete de reformas al Código Penal para tipificar la violencia política en contra de las mujeres, se consiguió establecer multas de hasta 400 días de salario y prisión de uno a cinco años a quien lo cometa, así como la destitución e inhabilitación hasta por cinco años a los servidores públicos que incurran en este acto.
Para la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura e impulsora de dicha iniciativa, las reformas aprobadas son de trascendental importancia para el avance en la erradicación de la violencia política hacia las mujeres en Quintana Roo.
Enfocada a derribar las barreras que se siguen colocando a las mujeres en su lucha por abrirse paso a la superación personal o profesional, garantizándoles también condiciones de equidad y libertad en esa búsqueda, vale la pena recordar que detrás de este histórico logro se encuentra la enérgica y decidida postura de Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos.
En el 2016, cuando competía por la Alcaldía portomorelense todavía como militante del PRI, Laura Fernández fue víctima de violencia política por parte de miembros de su partido y allegados al ex gobernador Roberto Borge, quienes la amenazaron para que abandonara sus aspiraciones y le dejara el camino libre a Fabián Vallado, entonces secretario particular del mandatario y “delfín” de éste para gobernar el undécimo municipio de Quintana Roo. Laura no cedió, aguantó los embates del “fuego amigo” y finalmente ganó las elecciones que la convirtieron en la primera alcaldesa constitucionalmente electa del lugar.
Un año después, en el 2017, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Fernández Piña tomó la decisión y presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma para tipificar como delito, en los diversos órdenes legales, la violencia política hacia las mujeres.
“Tenemos que garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Quintana Roo. Tengo la responsabilidad moral de promover acciones que permitan a más mujeres participar en la política, que se fomente su participación y no la inhiban por su género”, explicó en aquella ocasión, sin imaginarse que un año después su esfuerzo rendiría los frutos esperados.
Entrando un poco en tecnicismos, necesarios para entender los alcances de lo aprobado este lunes en el Congreso, según el dictamen comete el delito de violencia política por motivo de género “quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y/o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, su cargo o funciones públicas”.
El documento señala que si el delito es cometido por servidores públicos, además de la multa de 100 a 400 días y prisión de uno a cinco años, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un plazo de tres a cinco años.
Las reformas fueron promovidas por los diputados integrantes del grupo parlamentario del PVEM, partido al que pertenece la alcaldesa de Puerto Morelos.
