El gobernador Carlos Joaquín González decidió estrenar la nueva Ley de Participación Ciudadana que apenas se aprobó el 21 de marzo pasado, para sustituir la primera legislación de su tipo que se promulgó en 2005, en los últimos días del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz.
Y lo hará el próximo 1 de julio, de manera simultanea con las elecciones locales y federales, para consultar a los habitantes de Cancún si quieren o no que funcione el servicio de Uber en la ciudad.
Es la primera vez en la historia de Quintana Roo que se hará un ejercicio de ese tipo. Aunque desde la ley de 2005 ya se contemplaba la figura de plebiscito para aprobar o rechazar actos o decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, nunca se usó.
Además del plebiscito y referéndum que contemplaba la ley de 2005, la aprobada en marzo pasado incluye conceptos como la iniciativa ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo y audiencias vecinales.
Este tipo de marco jurídico empezaron a legislarse en el país desde finales de los años 90, pero a la fecha se han usado escasamente. En la Península, el gobierno de Ivonne Ortega legisló sobre la materia en 2010 y el primer ejercicio fue un desastre, una consulta tan desaseada, con escasa participación. Sus resultados avergonzaron tanto a sus promotores que los desecharon.
La decisión del gobernador de estrenar ese marco jurídico 13 años después de que se estableció por primera vez es sin duda trascendente y lo hace con un tema candente. Es la mejor salida que puede tener ante la actitud chantajista y extorsionadora con la que los sindicatos de taxistas suelen conducirse ante los gobiernos, para tratar de conservar sus cotos de poder y seguir imponiendo un servicio malo a la sociedad.
Por razones políticas y electoreras, la decisión en torno a la permanencia de Uber en Quintana Roo -que anunció su salida temporal luego de que se anunció el análisis de una nueva iniciativa de ley de transporte- se postergó para después del 1 de julio próximo, debido al interés de algunos grupos al interior del PRD, principalmente el de los Ramos, de aprovechar en su favor la fuerza electoral de los taxistas.
Los resultados de la consulta implicarán en los hechos la primera decisión de la sociedad ejecutado por un gobierno en Quintana Roo, pero también un deslinde de un clan que ha usado a la política para hacer negocios.
Sin duda es algo que debe y tiene que valorarse.
La decisión de la consulta es un golpe de timón del gobierno de Carlos Joaquín. Es un plan de rescate inédito de una sociedad secuestrada por los sindicatos de taxistas.
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