Estado de los ESTADOS Por Lilia Arellano
- ENTIERRA CJG EL PERMANENTE Y MÁS
- IMPORTANTE PROCESO DEMOCRÁTICO
De golpe y porrazo, siguiendo los cánones de sus sesudas ocurrencias, los curuleros, obedeciendo a la vez órdenes de los estrategas del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, y ha sabiendas de la gran debilidad de sus homólogos opositores quienes ni ven, ni oyen, y mucho menos se dan a la tarea de informarse -salvo de los renglones en los cuales recibirán prebendas-, modificaron en marzo de este año la Ley de Participación Ciudadana que da total y absoluta certeza a la consulta a realizarse el próximo primero de julio, la hicieron legal para poder presentarla engañosamente y hacerla completamente electorera. Esto último es lo que despertaba ese tufo de absurdo, hediondez, desconfianza y más allá, interpretarla hasta de ilegal al grado de llevarnos a consultar la Ley del 2005 y las reformas llevadas a cabo en el 2010 en las cuales se encontraron una veintena de violaciones inclusive a las hechas, abriendo la posibilidad de derrumbar las intenciones actuales.
La del 2018 deja claro el panorama y lo menos que por ahora puede aseverarse es la pretensión de captar los votos de quienes apoyan UBER en favor del candidato de la alianza y solo falta que sea nada más y nada menos que el candidato José Luis “Chanito” Toledo quien lance como parte de su campaña la simpatía absoluta y total a las consultas, obviamente para hacer sobresalir esta. Queda también visto a la luz cual era la fortaleza de Emiliano Ramos, su certeza de ser él y no otro quien obtuviera la candidatura para la alcaldía benitojuarence. La factura bajo el brazo, la de la aprobación rápida de las reformas a esta Ley lo hacían merecedor de ello. Y todavía se desconoce sí realmente trabajó para otro o “Chano” se derrumbará ante lo burdo de la estrategia para apoyarlo y por lo tanto encontrará allanado y publicitado el camino.
Habrá que ponerse mucha atención en las iniciativas aceptadas para su discusión en el Congreso y seguirlas paso a paso, hacer las comparaciones debidas para conocer si se buscan reformas, si son nuevas o si en su caso son aberrantes como las propuestas para fijar las tarifas, cuando el mandato y no de los locales ni de los curuleros federales, sino de la Constitución deja tarifas e impuestos fuera de esas aprobaciones, dejando a los Ejecutivos con la absoluta responsabilidad. El caso que nos ocupa, el de la consulta para saber si debe o no entrar UBER en operación, tiene en un primer punto y tal como se expuso el convertir a los cancunenses en ciudadanos de primera obligando a que sean sus determinaciones las que priven por todo el estado, tenemos que, en las reformas hechas a la Ley en marzo del 2010 sobre la aprobada en el 2005, se señala que para hacer válida una consulta deben participar cuando menos tres municipios.
Para saltarse esa reglamentación cambiaron por el 35 por ciento del padrón electoral estatal a sabiendas de ser el de Benito Juárez el que reúne más del 50 por ciento o sea que no nada más ésta sino cualquier otra deberá contar, indiscutiblemente con el beneplácito cancunense, porque ni el resto de los municipios juntos cumple con ese renglón. De ahí, puede verse notoriamente la perversión de la estrategia con la cual pretende el gobierno estatal, los partidos políticos que lo integran, apropiarse de este municipio para, a partir de ahí y no del conocimiento de las necesidades totales de los habitantes quintanarroenses, empezar a formar un gobierno cuya apariencia sea el ir de la mano de gente cuando lo provocado es la más burda, incalificable, deleznable y brutal utilización.
Vaya pues con un gobierno con intenciones de cambio. Cambió lo que pudo ser un arma de confianza para lograr la simpatía del electorado en una vil maniobra, porque a partir solamente de ese renglón quienes voten por UBER estarán enterrando el medio permanentemente democrático de la población para elegir y priorizar soluciones a problemas en los cuales la autoridad debe, si convoca, respetar su mandato. En la sesión en donde se aprobaron las reformas y se hizo mofa por parte de doña Mayuli Simón de la aprobada en el 2005, Emilio Ramos sostuvo: ““Me parece que se cumple cabalmente con establecer nuevos mecanismos que permita empoderar a los ciudadanos de Quintana Roo, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa”; el empoderamiento referido no era otro que el pretendido sobre su persona.
Para impugnar esta consulta elementos sobran y tomados de su nueva ley: No cumplen con la democracia, tampoco con la inclusión, no hay respeto ni igualdad sustantiva y menos aún corresponsabilidad porque lo que debiera estar perfectamente definido en una Ley de Transporte y Movilidad pasa a ser de la total y absoluta responsabilidad de los ciudadanos y de solamente los radicados en un municipio como si las plataformas no circularan en toda la Rivera Maya y en las Islas Cozumel y Mujeres principalmente. Aunque se abstienen de mencionar plazos y fechas como las contenidas anteriormente en las cuales se tenían 90 días para llevar a cabo consultas populares sobre políticas públicas o realización de obras y 60 días para las referentes a medidas de impacto ciudadanos y, llevadas a cabo en ambos casos en años electorales, se entramparon al autorizar:
“Artículo 55.- La Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, deberá dar trámite expreso a las Iniciativas presentadas en forma espontánea por las y los ciudadanos quintanarroenses, dentro del término de doce meses”. La iniciativa de esta consulta no la presentó la ciudadanía sino el Poder Ejecutivo local y al parecer carece de importancia hacerlo justo al cuarto para las doce del proceso electoral y cuando se ha perdido un importante porcentaje del respaldo brindado hace más de año y medio para lograr la gubernatura.
“Artículo 56.- Toda Iniciativa Popular desechada, no podrá volver a presentarse sino hasta transcurrido un año posterior a la fecha en que se desechó”. Esta ni desechada pero tampoco responde al mandato anterior y el articulo reformado de la Ley del 2010 en su “Artículo 57.- La Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá convocar a las y los ciudadanos quintanarroenses para que presenten iniciativas de ley o decreto, o de reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, respecto de temas y materias específicas. La presentación y trámite de las Iniciativas Populares que provengan de consultas convocadas en forma expresa por la Legislatura del Estado, se sujetarán a las bases y trámites previstos en la respectiva Convocatoria”.
¿Cuándo los ciudadanos presentaron una iniciativa solicitando la consulta? La decisión unilateral contiene un propósito electorero y si no se jugaran tantos intereses radicados todavía en un sobre explotado Cancún hasta la fecha impedido para ser recorrido por la autoridad estatal pese a que éste debiera ser un acto de gobierno con el cual se refleja gobernabilidad y autoridad, es que no importe llevar a la entidad de nueva cuenta a ser vista como el “negrito en el arroz” del proceso electoral más importante de la historia de nuestra Nación.
El dejar hacer y dejar pasar, así como escuchar el canto de sirenas muy mal entonadas, tiene su precio y, desgraciadamente alguien tiene que pagarlo. El apoyo del PRD es obvio y el “vine a trabajar no a cuidar votos”, otra mentira.
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