Desde su designación, los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo estuvieron en el ojo del huracán, debido a sus orígenes, sus nexos y sus padrinazgos.
Todos llegaron con el sello de Roberto Borge. Incluso, su presidenta Mayra San Román fue cuestionada porque no cumplía con la residencia mínima para cargos de ese nivel. Pero la impusieron.
De modo que no es raro que se erijan en una especie de vengadores del borgismo y con ese razonamiento hayan pretendido cobrarle a José Luis Toledo Medina la “afrenta” de haberse deslindado de esa sombra y continuar su carrera política sin esa carga.
La forma en que actuaron los consejeros es un retroceso en el largo camino andado por las instituciones electorales del país, es una contradicción a las transformaciones que han tenido desde que se ciudadanizaron a principios de los 90, fueron en contra de la transparencia, certidumbre y equidad que deben garantizar en los procesos electorales.
En la negativa a Toledo Medina no tomaron en cuenta resoluciones anteriores de tribunales federales que ante todo protegen los derechos políticos y humanos en casos como los de “Chanito”.
El de Toledo Medina no es el primer caso en el que un político tenga residencia y vecindad en dos o tres lugares diferentes y ello no es obstáculo para acceder a cargos de elección popular en ninguna de ellas.
Ocurre de manera regular entre los municipios conurbados a Monterrey y se registra muy seguido entre la capitalina del país y el Estado de México.
Xóchitl Gálvez fue candidata del PAN al gobierno de Morelos en 2012 y abanderada del mismo partido para la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México tres años después.
No es difícil que los consejeros pierdan este caso en el Tribunal Electoral de la Federación. Si esa instancia protegió a Niurka Saliva, de origen cubano, para que pueda ser candidata a puestos de elección, con mayor razón hará lo mismo con Toledo Medina, quien como diputado federal representó a los cancunenses.
¿Y si Maura Ran Román pudo ser presidenta del Ieqroo aún sin tener la residencia mínima, porqué objetar la de Toledo Medina, quien se ha desarrollado políticamente en la zona norte del estado?
Será cuestión de tiempo.
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