Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano
“Del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones”: León XIII
- Un primero de mayo sin precedente
- Panorama laboral es disímil, adverso y ruinoso
- Reformas estructurales incuban la inestabilidad
- CDMX y Oaxaca: protesta de grupos disidentes
- VF, FC y EPN achicaron sueldos y prestaciones
- Desempleo: educación ya no garantiza empleos
- Q.Roo: persiste el indeseable escenario violento
Ciudad de México.- Mientras en diversas naciones las movilizaciones de la clase trabajadora en el Día Internacional del Trabajo concentraron a miles de personas en manifestaciones para reclamar mejoras en los derechos laborales, incrementos salariales y se trasladen beneficios registrados por empresas a ingresos de sus empleados, además de la revalorización de las pensiones, en México la reformas estructurales, laboral, educativa y hacendaria, cerraron la pinza de sometimiento de los trabajadores en general y sólo los sindicalizados disidentes de distintos sectores marcharon al Zócalo capitalino para exigir revertir esas modificaciones constitucionales, así como aumentos de salario urgentes y mejora de los derechos de los trabajadores.
En un templete colocado frente a Palacio Nacional, lideres sindicales confirmaron que las reformas estructurales impulsadas por el actual inquilino de Los Pinos provocan desempleo e impactan de manera negativa en las prestaciones laborales de los trabajadores. La reforma energética no hizo que bajaran las tarifas de luz, criticó Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). ”Dijeron que iba a bajar el diesel, la gasolina, el gas, la electricidad, ¿bajo, compañeros? Dijeron que iban a mejorar los empleos y salarios, ¿mejoraron? Dijeron que iba a mejorar la economía del país, ¿mejoró la economía? Nada de los que prometieron ha sido una realidad para los mexicanos… Dejan una deuda impagable, sembrados mexicanos por todo el país. Estudiantes desaparecidos y aprobaron una ley para dejar al Ejército en las calles”, exhibió el dirigente. A su vez, Agustín Rodríguez Fuentes, líder del STUNAM, llamó a luchar contra las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente, y Pablo Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, adelantó la CNTE seguirá movilizada para derogar la reforma educativa.
En el tramo final del régimen del presidente Enrique Peña Nieto, quien presume la creación de empleos, el panorama laboral es disímil, adverso y ruinoso: sólo 3.4 por ciento de los ocupados tiene un ingreso de bienestar, contra 20.6 por ciento que vive en la precariedad absoluta por falta de ingresos o bien por la percepción de una salario mínimo que actualmente es de 88.15 pesos. Además, sólo 53.7 por ciento de las personas ocupadas tienen acceso a instituciones de salud, mientras 32.7 millones no lo tienen.
El 57% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, esto representa casi 30 millones, 10.5 millones más que todos los trabajadores registrados en el IMSS. Y durante este 2018, esta informalidad la cual sintetiza el grado de precarización de la ocupación laboral en el país, seguirá creciendo de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. La mayor parte de la población se encuentra en situación vulnerable directa o indirectamente. La falta de un empleo formal implica que las personas no gocen de los beneficios de un trabajo estable como las prestaciones, derechos laborales y seguridad social. Las condiciones de informalidad hacen crecer la desigualdad y la exclusión social en México. Sin embargo, el bajo dinamismo económico del país y la falta de inversión en sectores estratégicos hacen a la informalidad y la migración alternativas para quienes no han podido encontrar una fuente de ingresos estable.
Al mismo tiempo y para agravar el panorama, las fuentes de empleo existentes son de baja calidad; del total de 54.4 millones de personas ocupadas, sólo 531 mil tienen percepciones por arriba de los 26.5 mil pesos mensuales; sólo uno por ciento de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos, de acuerdo al documento la Agenda Mínima para México: 12 desafíos económicos, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). El número de mexicanos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, 3.4 millones de personas en el país. En tanto, el grupo de mexicanos que perciben entre 5 y 10 salarios mínimos es de sólo 2.1 millones de personas, es decir, 2.4%; y quienes ganan cuando mucho un salario mínimo son 7.4 millones de personas o 14.1 por ciento. Estas cifras dicen más que mil palabras.
Muy en el pasado quedaron las escenas en las cuales se veía al titular del Ejecutivo, a los gobernadores, a los presidentes municipales, marchas por las principales avenidas de sus ciudades del brazo de quienes representaban a la clase trabajadora. Hoy son encerronas, desayunos, reuniones con la clase trabajadora de la burocracia, con quienes perciben salarios hasta mil veces superiores a los entregados por cada jornada a los trabajadores. Se reúnen con los empresarios a quienes consideran los grandes trabajadores de México. Para Enrique Peña Nieto fue un evento, uno más, de los muchos que tiene como cualquier artista: “su última gira”. No más primero de mayo con funciones como la de hoy a las cuales deba cumplir y un retiro con pensión multimillonaria garantizada. Vera recompensados, como nadie, los esfuerzos hechos durante seis año y no tuvo que desviar un solo centavo para formar su propio ahorro para el retiro.
PRECARIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL
El mercado laboral y la merma del poder adquisitivo de los trabajadores se agudizó en esta gestión federal con la implementación de las reformas laboral, fiscal y educativa. La reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 tuvo como principal referente a la productividad y la competitividad. A partir de 2014, la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus trabajadores –que involucran apoyos como el otorgamiento de gastos médicos mayores, vales de gasolina y de despensa y fondos de ahorro, entre otros- pasó del 100% a sólo 53%.
Una merma importante registró el trabajador sobre su salario por el limite de deducibilidad, y sus prestaciones se redujeron. Al mismo tiempo, la obligación para los empresarios de emitir un certificado fiscal digital, que es validado por la autoridad hacendaria y sustituye al recibo de nómina, sirvió para que las compañías realicen sus deducciones de impuestos. Esta obligación de las empresas es para todos aquellos trabajadores con ingresos superiores a los 250,000 pesos al año.
Actualmente, las empresas tienen más cuidado para determinar si quieren dar prestaciones a sus trabajadores o deciden contrataciones informales o temporales de entre tres o cuatro meses para evitar el impacto. Reducen la mano de obra eliminando puestos similares y hacen una contratación masiva por honorarios, al no existir incentivos para contratar con prestaciones. La reforma fiscal obligó a un gran numero de empresas del país, más del 20 por ciento, a reducir sus gastos internos hasta en 14% y obligó a la mayoría, más del 57%, a elevar sus precios, de acuerdo con consultores especializados en temas de recursos humanos.
Por otro lado, la reforma laboral otorgó mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos permitiendo el archivo de los expedientes; permitió a la autoridad determinar si estalla una huelga o no; consintió a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de 60 días de estallada la huelga; accedió decidir si reconoce o no a los sindicatos mayoritarios al interior de los centros de trabajo, señaló por su parte, Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
También, agregó, se acorazaron aún más “los contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos independientes; permitió la intromisión de los patrones para definir quién es le sindicato mayoritario; facilitó la creación de sindicatos patronales, llamados también “sindicatos blancos”; estableció un régimen desigual de transparencia al no obligar al patrón a informar sobre sus finanzas y sí a los sindicatos; privatizó las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir el cumplimiento de las normas laborales de manera unilateral; y contribuyó a generar mayor pobreza en la población en general.
PROTESTAS SINDICALES
El Congreso del Trabajo conmemoró el Día del Trabajo con una concentración en el zócalo de la Ciudad de México, un mitin que duró menos de 20 minutos, en el cual trabajadores de 85 organizaciones y diferentes sindicatos pidieron aumentos de salario y mejora de los derechos laborales, mientras sindicalizados disidentes tomaron las principales arterias de la Ciudad de México.
A fin de marchar al zócalo capitalino, integrantes de al Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con José María Izazaga. La protesta la encabezaron las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México y en orden ascendente las demás secciones del país. “¡Va a caer, va a caer, la reforma va a caer!”, coreaban los manifestantes.
Desde cuatro puntos del Eje Central Lázaro Cárdenas, marcharon integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que aglutina al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), donde se encuentra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hacia la Plaza de la Constitución. También integraron el contingente miembros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la Central Campesina Cardenista (CCC), el Movimiento el Campo de Todos y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Movimiento Nacional.
Ex trabajadores de la extinta R-100 caminaron del Ángel de la Independencia a Avenida Bucareli y la Asamblea General de Trabajadores del Hemiciclo a Juárez al Zócalo.
Mientras tanto, en el estado de Oaxaca, profesores de la Sección 22 de la CNTE suspendieron actividades educativas en los 37 sectores de la entidad a partir de este lunes y hasta el miércoles 2 de mayo, como parte de su participación en el paro nacional de 72 horas con el que exigen una mesa de trabajo con altos funcionarios federales para atender el tema de la reconstrucción y liberación de presos políticos.
Ni las autoridades de Oaxaca ni las del ámbito federal les han dado una respuesta a las demandas de la Sección 22, que también exige el cierre de la carpeta de investigación referente a los dirigentes de ese grupo detenidos el año pasado, entre ellos el ex secretario general, Rubén Núñez.
También en Michoacán trabajadores se manifestaron para exigir mejoras salariales y contra la reforma educativa. Desde diferentes puntos de la Ciudad de Morelia, miles de integrantes de agrupaciones como la CNTE, la Universidad Michoacana, empleados de los tres poderes del estado, electricistas del SUTERM, y del ayuntamiento de Morelia, entre otros, partieron del monumento al general Lázaro Cárdenas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Plaza Morelos, hacia Palacio de Gobierno. Consignas contra las reformas educativa y laboral, y contra el gobierno federal que han atentado contra los derechos de los trabajadores, es lo que se escuchaba y se leía en las pancartas y gritos de los trabajadores.
Y en Chilpancingo, Guerrero, miles de trabajadores marcharon y corearon consignas en contra de la reformas educativa y la inseguridad. Contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) exigieron además el ingreso del FONE de 5 mil trabajadores y la presentación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El contingente encabezado por Arcángel Perulero realizó pintas en el Congreso del Estado y un sector de la Ceteg tiró la reja de la entrada y causó destrozos en la biblioteca del congreso local.
Al mismo tiempo, decenas de trabajadores del sector salud lanzaron huevos en contra del edificio sindical y acusaron a su dirigente Beatriz Vélez, actual candidata del PRI a la alcaldía capitalina, de mantener a 50 comisionados para su campaña, mientras que en los hospitales hace falta personal y medicinas. Telefonistas, académicos y administrativos exigieron el no pago del impuesto del ISR y aguinaldo de 90 días.
DERRUMBE DE SALARIOS CON CALDERON Y PEÑA NIETO
En los últimos 12 años, es decir en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de personas que gana cinco salarios mínimos tuvo una disminución: en el primer semestre de 2005, 4.5 millones percibía esa cantidad, al cuarto trimestre de 2017 sólo 2.4 millones de personas tuvo esos ingresos mensuales. Si cada año se incorporan un millón de personas al mercado laboral, “más mexicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generen un ingreso decoroso”, señala el informe elaborado por el organismo encabezado por Luis de la Cruz.
Advierte el IDIC que el aumento del salario mínimo no resolverá el problema, debido a la informalidad, pues más de 7 millones de personas perciben el equivalente a un salario mínimo, es decir, 88.36 pesos, por lo cual es necesario garantizar la formalización de los empleos, a fin de garantizar las personas reciban acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones. De no atenderse la formalización del empleo, alerta, “se incubará inestabilidad social y un pasivo contingente adicional para el Estado, que deberá resolver el problema”. La estrategia para combatir la precariedad no puede sostener con gasto asistencial, sino con inversión productiva, pública y privada. La inversión extranjera directa es insuficiente, pues sólo representa 3 por ciento del PIB, por lo que sólo sería complementaria, precisa el IDIC.
DESEMPLEO ILUSTRADO
Desde el inicio del gobierno del panista Vicente Fox, pasando por el de su correligionario Felipe Calderón y hasta llegar al régimen del priista Enrique Peña Nieto, disminuyó la tendencia de contratar personas con estudios de los niveles medio superior y superior. Este sector antes representaba el 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) desocupada, pero el año pasado subió hasta el 47 por ciento. Esto es observable en todos los estados del país, donde la calidad del empleo ha disminuido, las oportunidades de negocios decrecieron y la informalidad gana terreno.