El proceso de entrega-recepción en los municipios de Quintana Roo ya inició, los diferentes equipos, los que llegan y se van, nombraron a sus mejores hombres y mujeres para que puedan entregar buenas cuentas y otros a recibir dicha información.
Sin embargo, en algunos municipios los cabildos parece que se aferran a llevarse uno que otro bien público, disfrazado de la figura de “desincorporación”; quieren dejar a sus incondicionales por medio de la “sindicalización” de trabajadores de confianza, todo con el contubernio de los líderes sindicales de los ayuntamientos; obviamente, aprovecharán su posición para poder hacerse de un mejor vehículo, guardar sus vales de gasolina o inventar empresas para poder “lavar” el dinero público.
En este contexto, el martes 31 de julio, en el municipio de Othón P. Blanco, donde está Chetumal, la presidenta, María Luisa Alcérreca Manzanero y su cabildo, aprobaron dar de baja a vehículos oficiales que serán puestos a la venta, además avalaron la desincorporación de bienes de dominio público para que ahora sean bienes de dominio privado, su baja definitiva y el destino final de dichos bienes muebles pertenecientes al patrimonio municipal.
La justificación es que este proceso administrativo se basa en el reglamento de bienes patrimonio del municipio de Othón P. Blanco y el recurso obtenido de esta acción se estará destinando directamente a los servicios públicos municipales, con la finalidad de avanzar en los trabajos de saneamiento en la ciudad.
Cualquier empresario sabe que cuando se proyecta un presupuesto para operar en el año, se debe de apegar a el, pues si no lo hace, sufrirá las consecuencias económicas con el consabido endeudamiento. Con esta justificación, se demuestra que la administración municipal 2016-2018 no supo asignar los recursos económicos para los servicios municipales, o pensando mal, se lo gastaron antes de tiempo.
El equipo de recepción del presidente electo, Hernán Pastrana Pastrana tendrá que ser vigilante en este proceso de subasta de bienes públicos, no sea que termine en manos de los mismos funcionarios, pues ellos cuentan con información privilegiada; vigilantes en la desincorporación de los bienes públicos a bienes privados, para ver a quién terminan facturando y notariando tal o cual propiedad del Ayuntamiento. Los que llegan deben exigir las listas de los bienes que se subastan, las causas por lo que se hace y el precio que se le asigna, porque en ocasiones solo le faltan bugías a una unidad y dicen que el motor ya no sirve.
Habría qué ver lo que pasa en Tulum y Cozumel, que son los municipios que tienen mayor patrimonio y manejan recursos superiores a los 500 millones de pesos; pero más vigilantes se debe de estar en Benito Juárez y Solidaridad que tienen un presupuesto anual de más de 3 mil millones de pesos.
SASCAB
La remoción del Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen no depende del gobierno del estado, depende de los integrantes de la XV Legislatura, específicamente que la propongan la comisión de justicia encabezada por Carlos Mario Villanueva Tenorio y de Seguridad Pública, que preside el diputado Jesús Zetina Tejero. ¿Así o más claro?
