Desde diciembre pasado, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, en España, decidieron exigir a plataformas tecnológicas como Uber y Cabify un permiso especial para poder entrar a prestar el servicio de transporte de pasajeros. Y lo acataron.
La medida, tomada con la intención de regular el sector y que la operación de las plataformas no representaran una competencia desleal para los taxis, impulsó decretos nuevos y modificaciones a leyes como la de Ordenación de los Transportes Terrestres.
En países del Viejo Mundo, desde hace siete meses se tomaron acuerdos para garantizar la libre competencia en el sector, el “piso parejo” para todos los prestadores y, sobre todo, dotar de condiciones de seguridad a los usuarios del servicio de Uber y Cabify. Precisamente lo que en Quintana Roo, hoy en día, se está haciendo.
Por considerarlo de interés general, compartimos el link de una nota del periódico El País de esa fecha que explica detalladamente el tema:
Link: http://bit.ly/2NfOz4a
