Cinco de las nueve prioridades legislativas que se plantearon para el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador quedaron en el tintero por falta de tiempo y consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senado de la República.
Cuatro de las nueve prioridades legislativas que se plantearon para el inicio de la nueva administración se cumplieron, el resto quedaron pendientes por falta de tiempo y consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senado de la República.
El pasado mes de octubre, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Martí Batres, dio a conocer nueve iniciativas con prioridad que consideró para el arranque del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que tendrían alto consenso entre legisladores, con la sociedad en general e incluso con el gobierno electo.
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Las que no se han resulto es el reconocimiento de la educación superior como parte de la educación que imparte el Estado, Extinción de dominio de los bienes que son producto de la corrupción.
Una reforma laboral: Leyes secundarias en materia de justicia laboral contratos colectivos, democracia sindical; un nuevo catálogo de delitos graves: corrupción, robo de combustible (huachicoleo), defraudación fiscal, falsificación de facturas y la Fiscalía General de la República.
En estas también se planteó la eliminación del fuero e impunidad, pero el pasado 27 de noviembre tras una amplia discusión en la Cámara de Diputados fueron rechazadas modificaciones a diversos artículos constitucionales que buscaban retirar el fuero de funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, para que puedan ser juzgados.
Lo que se ha cumplido es la paridad de género en los órganos del Estado mexicano: Los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión y los órganos autónomos; seguridad social para parejas del mismo sexo; la reorganización del gobierno planteado por el gobierno electo: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Bienestar Social y el Instituto de Pueblos Indígenas.
Fuente: El economista
