CANCÚN, Q. ROO.- Sin establecer criterios de compra ni hacer pública la respectiva licitación pública, el Ayuntamiento de Benito Juárez fijó un gasto máximo de 350 pesos para adquirir cada una de las despensas destinadas a las familias que se quedaron sin empleo en este centro vacacional.
El monto total autorizado por el gobierno morenista fue de 75 millones 100 mil pesos para adquirir 250 mil apoyos alimentarios, de los cuales 125 mil se repartirán durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 durante abril y otra cantidad igual en mayo.
La adquisición fue autorizada por la Tesorería Municipal, a través de la dirección financiera, que obtuvo los recursos del Fondo de Saneamiento Ambiental, con lo que la compra de despensas se hizo con la contribución de todos los turistas que durante el último año se hospedaron en hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales y moteles del municipio Benito Juárez.
Los turistas realizaron un pago de 26 pesos por cada noche de hotel, a través del Derecho de Saneamiento Ambiental que el Cabildo benitojuarense autorizó en abril de 2019 y cuyos recursos serían destinados para la conservación, protección y mantenimiento de playas así como de los recursos naturales.
De acuerdo con el proyecto de compra de apoyos alimentarios –al cual tuvo acceso Luces del Siglo–, el procedimiento quedó bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor, a través de la dirección de Recursos Materiales.
Y el área responsable de operar la entrega –cita el mismo documento–, fue la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico con la participación de 21 institutos, direcciones generales, el Sistema DIF Municipal y el Cuerpo de Bomberos.
Sin embargo, en la ejecución de los recursos prevalece la opacidad ante el Comité Ciudadano responsable de dar seguimiento, ya que hasta el momento el gobierno municipal no ha transparentado el destino del dinero ejercido ni el tipo de licitación ni el nombre de la empresa favorecida con la compra.
“No, todavía no nos informa el Comité de Saneamiento, debe hacerlo este mes”, afirmó el regidor independiente Isaac Janix Alanís, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria en el Cabildo de Benito Juárez.
Los paquetes adquiridos se integran por 18 artículos empaquetados en bolsas de plástico gruesas y resistentes, que contienen una botella de aceite de medio litro, dos bolsas de arroz de un kilo cada una, una bolsa de avena y una de azúcar, cada una de 450 gramos, y una bolsa de harina de maíz de un kilo.
Además, dos bolsas de lentejas de 500 gramos, cuatro paquetes de pasta para sopa de 160 gramos cada una, una bolsa de alimento lácteo en polvo de medio kilo y un paquete con cuatro piezas de papel higiénico. El precio total de estos productos es inferior a los 350 pesos que estableció el Ayuntamiento como cotización.
Por ejemplo, una empresa que suministra este tipo de servicios desde internet llamada “Econodespensas”, ofrece en el paquete “Econo-Ejecutiva 10” un total de 28 artículos –diez más que las despensas del Ayuntamiento– a un precio de 270 pesos, es decir, 80 pesos menos que los adquiridos por el gobierno municipal.
Si bien ambos tipos de despensas contienen siete artículos idénticos, la diferencia del paquete “Econo-Ejecutiva 10” es que incluye 16 productos de mejor calidad alimentaria que los entregados a la población por el gobierno municipal.
Cinthya Dehesa, presidenta del Comité Coordinador de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, reconoció que en este tipo de compras en tiempos de contingencia suele haber opacidad y, por ende, actos de corrupción.
“Cada vez que hay desastres naturales, sin que sea exclusivo de nuestro estado o nuestro país, cuando hay contingencias de este tamaño, como se suspende la forma cotidiana del gobierno para tener una pronta respuesta, se facilitan los actos de corrupción”, subrayó.
Para evitar la discrecionalidad con que se manejan los recursos en los casos de contingencias, añadió, el Comité a su cargo trabaja en la habilitación de un micrositio que obligue a las autoridades municipales a transparentar y rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos, el cual serviría de filtro en este caso específico de la pandemia por el Covid-19.
FUENTE: Luces del Siglo