Rebeca había recibido en Grupo Salinas un permiso para hacer trabajar desde casa por lactancia materna. Tenía dos semanas trabajando de esta manera cuando le notificaron, el pasado 24 de abril, que sería despedida como parte de un recorte de personal.
Ella y otras personas de las Direcciones de Cobranza y de Crédito de Banco Azteca tenían permiso de trabajar a distancia tras acreditar que se encontraban entre la población vulnerable al coronavirus COVID-19.
Con un hijo de siete meses y además con la obligación de ayudar a la manutención de sus padres mayores de edad, hipertensos y diabéticos, Rebeca acusa que la empresa que preside Ricardo Salinas Pliego no le pagó la totalidad de su liquidación.
Animal Político buscó vía electrónica la postura de Grupo Salinas respecto de las denuncias de despidos injustificados. Luciano Pascoe, director de ADN 40 y de Estrategia Editorial, atribuyó los recortes a una “rotación inherente” a la operación de la compañía; sin embargo, aseguró que todos los casos de separación laboral se han efectuado y pagado conforme a la ley.
“En Grupo Salinas siempre hemos tenido un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho y la legalidad, por lo que te aseguro que todas nuestras operaciones, incluidas las relaciones laborales con nuestros colaboradores, se apegan plenamente a la ley. Por su dimensión y tamaño, hay una rotación inherente a nuestras operaciones. En ocasiones, ello conlleva despidos, renuncias voluntarias e, incluso, abandonos del trabajo; en todos estos casos, de acuerdo a la naturaleza de la separación laboral, las salidas se pagan conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, indicó en su respuesta a este medio.
El reclamo de Rebeca señala algo distinto. “Se aplicó el recorte y no fuimos liquidados el 100%. Nos falta el pago de los 20 días por año laborado, la prima de antigüedad y las prestaciones acumuladas”, señala.
“A mí no me molesta irme. Me molesta la puñalada. Te mandan a trabajar a casa y te hacen esto. Me afecta muchísimo este despido porque es una carrera de siete años y ni siquiera te vas con carta de recomendación. Si me voy, pues ni modo, creo que es mejor momento para encontrar otro lugar en donde no se violen tanto los derechos de los trabajadores”.
Rebeca, cuyo nombre fue cambiado a petición suya, tuvo que firmar un “compromiso” para que Banco Azteca le permitiera hacer home office: el documento establecía que el empleado debía someterse a dos evaluaciones de resultados durante el periodo del trabajo remoto y que no aprobar dichas pruebas podría ser motivo de despido. Sin embargo, ella señala que el recorte en su área sucedió antes de cualquier evaluación.
El compromiso firmado por Rebeca decía: “Yo (el empleado) reconozco que he recibido este plan (de trabajo) y hago el compromiso para dedicar mi esfuerzo y dedicación a cumplir con los resultados esperados descritos en este plan. Estoy de acuerdo en que el no cumplimiento de cada uno de los resultados del plan puede dar como resultado el término de la relación laboral con la empresa (sic)”.
Ella, que se desempeñó como gerente en Banco Azteca en el inmueble conocido como Torre Área, ubicado en Insurgentes Sur, señala que, cuando recién había regresado de su licencia por maternidad, a inicios de este año, la comisionaron a hacer labores “de relleno”, un maltrato que culminó en su despido.
“No regresé al puesto que yo tenía, me dejaron como tres semanas esperando a ver dónde me iban a colocar, después me colocaron en un área de trabajo, me empezaron a dar trabajo, pero se presenta lo del COVID-19, yo aún no me alcanzaba a integrar al equipo donde yo estaba, porque ingresé ahí la primera semana de febrero, pasa esto y a nosotros nos hacen firmar un documento de que vamos a estar firmando unos reportes, demostrando que todavía somos productivos. Apenas íbamos a mandar el primer reporte de actividades cuando ellos ya habían tomado esa decisión, entonces a mí eso me pareció muy extraño, y a mí sí me pareció una traición, porque yo llevaba siete años ahí”, señala.
Los empleados de Grupo Salinas no solo han tenido que asumir la decisión de la directiva corporativa de seguir presentándose a laborar a sus centros de trabajo durante la pandemia de COVID-19, sino que ahora enfrentan procesos de despido en los que, acusan, no se respetan sus derechos laborales.
Carlos es un ingeniero que fue despedido de Elektra el pasado 22 de abril, pero le hicieron firmar una hoja en la que manifestaba que se trataba de una renuncia voluntaria, por lo que no le pagaron el monto de la liquidación que le correspondía tras tres años de trabajo en la empresa.
Este empleado, que laboraba en las oficinas de Grupo Salinas ubicadas en el complejo conocido como Torres Esmeralda, relata que le explicaron que su baja se debía a la caída en las ventas de las tiendas Elektra.
“Mi jefe nos citó a una junta, se me hizo extraña la manera en que fue, porque nos citaron solo a cinco personas del área, y nos mencionó que, por cuestiones de las ventas y del COVID-19, estábamos despedidos, así sin más, y que nos presentáramos en el área de Recursos Humanos; fuimos y había una cantidad bárbara de compañeros que quizá estaban esperando por la misma situación, yo pasé con la persona que me iba a atender, le planteé que estaban haciendo mal las cosas cuando me percaté que lo que estaba por firmar era una renuncia voluntaria”, detalla.
Un poco apenado, Carlos, quien también solicita ocultar su verdadero nombre, comenta que tuvo que aceptar el pago que le dio la empresa a pesar de que sabía que no era el monto que debía recibir.
“Firmé a causa de que no tenía dinero para pagar mi renta ni mis alimentos”, justifica.
A otro empleado despedido de la Dirección de Auditoría de Banco Azteca le comunicaron que no podían pagarle el 100% de su liquidación debido a un “recorte presupuestal” de la compañía.
“Nos dijeron que fue recorte de personal por un recorte de presupuesto, que no fueron cuestiones de desempeño, y no se nos liquidó conforme a ley, al 100%. Por el recorte de presupuesto nos dijeron que era lo que nos tocaba y que no podían dar más”, relata.
Este trabajador pide no ser identificado porque aún conserva la esperanza de poder volver a ser reinstalado en Grupo Salinas cuando termine la emergencia sanitaria, una promesa que le hicieron al despedirlo.
“Nos pidieron salir bien de la empresa para que, si hubiera una oportunidad de ingreso, la tomáramos, y, la verdad, a mí no me gustaría cerrarme ninguna puerta. No nos lo prometieron, nos dijeron que iban a hacer lo posible, no sé qué tanto haya sido cierto, me imagino que en algunos casos sí será cierto, imagino que los que tuvieron buen desempeño o alguna situación así”, estima.
“Si yo firmé aun sabiendo que me tocaba más fue para no cerrarme las puertas, y a lo mejor no nada más para reingresar a la empresa, sino porque, cuando tú solicitas trabajo en otros lados, piden referencias, y no me gustaría que dieran una referencia negativa que me fuera a impedir encontrar un trabajo, o ya sea el reingreso a la empresa”.
De 40 años de edad y con una hija que mantener, el trabajador lamenta haber perdido su fuente de empleo en plena contingencia.
“Desde el momento en que dejas de percibir un ingreso económico fijo te ves en aprietos, porque tus gastos son fijos, eso no es de que los puedas postergar, tienes que cubrirlos tengas ingresos o no, obviamente te afecta esa parte, ¿y ahora de dónde voy a seguir sacando estos gastos?”, cuestiona.
Otro empleado que trabaja como coordinador regional de Elektra y que tiene a su cargo la gestión de 16 tiendas en un estado del Occidente del país, indica que recibió la instrucción de la Dirección de Capital Humano de proponer una lista con los nombres de varios vendedores para darlos de baja de la empresa.
Señala que hace dos semanas, en su región, fueron despedidos dos trabajadores, y estimó que los recortes continuarán.
“En mi zona somos 10 coordinadores generales, cada generalista lleva una región y más o menos todos llevamos el mismo número de tiendas, entre 14 y 18, y nos están pidiendo un aproximado de entre cuatro y seis bajas; échale más o menos, en mi zona son un aproximado de 57 posiciones que tengo que recortar”, explica.
El coordinador, que accede a hablar a condición de anonimato, señala que, para la operación de Elektra, el país se divide en nueve zonas, de modo que, estima, el recorte podría llegar a ser de entre 500 y 600 vendedores.
FUENTE: Animal Político
