CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa Lezama oculta hasta ahora que el Ayuntamiento de Benito Juárez tendría que pagar casi 675 millones de pesos de indemnización si decide cancelar, sin amonestación de por medio, el servicio de recolección de basura en Cancún.
Lo anterior, de acuerdo con la cláusula XIX del contrato firmado el pasado 15 de mayo de 2017 entre el organismo Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) y la empresa Intelligencia México S.A. de C.V.
Por ello, tanto al interior del Cabildo como a través de las redes sociales le han exigido a la Presidenta Municipal que actúe de inmediato para evitar ese pago millonario ante lo cual ha guardado silencio y reservado la información sobre las condiciones en que el Ayuntamiento decidió asumir el servicio de recolección de basura.
“Bueno que Mara Lezama tomó la decisión de intervenir la empresa pero, sino se acompaña de un juicio de lesividad que obtenga la nulidad del leonino contrato, pronto escucharemos que se ‘indemnizó’ a la concesionaria con muchos millones de pesos”, opinó el ex alcalde Julián Ricalde Magaña a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano cuestionó la complacencia y hasta la generosidad mostradas por la administración de la alcaldesa Mara Lezama quien hasta el momento no sólo ha guardado silencio ante la serie de irregularidades con que en la pasada administración municipal se firmó el contrato de concesión para la recolección de basura, sino que también se le concedieron mayores beneficios a la empresa Intelligencia México.
“Sabemos que a finales de la administración del Presidente Municipal Remberto Estrada se firmó un contrato de concesión a una empresa denominada Intelligencia México S.A. de C.V. el cual ha sido señaladamente observado desde ese momento, ya que en el procedimiento de licitación y de asignación final se encuentran numerosas irregularidades, que nunca han sido atacadas por la actual administración municipal, incluso se le otorgaron más plazo de vigencia —20 años— y se la ha dado mayores atribuciones, como en las recientes reglas de operación de SIRESOL que ya hemos cuestionado porque se le otorgan funciones de autoridad”, denunció la organización civil.
“La realidad, añadió, ha demostrado que es una empresa que no tiene la capacidad de proporcionar el servicio para lo cual se le otorgó la concesión, y aun así se le otorgaron mayores recursos y atribuciones. En el presupuesto de 2020 se le autorizaron a SIRESOL 324 millones de pesos para su operación que básicamente es el pago por la recolección que efectúa la empresa concesionaria y recientemente se le asignó una ampliación de cerca de 100 millones de pesos sin informar sobre el destino de esa ampliación”.
La responsabilidad de SIRESOL (organismo municipal encargado de la recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en Cancún), es la vigilancia de la operación de la concesionaria “y como vemos nunca ha presentado queja alguna sobre el mal servicio que proporciona a pesar de los reclamos de los ciudadanos y de las empresas que pagan el servicio en la ciudad”.
Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Ciudadano, añadió que ahora la ciudad está ante una situación de emergencia por la contingencia generada precisamente por la falta del servicio de la empresa y que inicialmente se intentó justificar por motivos del huracán que impactó en días pasados.
“La realidad es de que la empresa concesionaria no tiene la capacidad de brindar el servicio y además se complicó con el paro de labores de los empleados que están exigiendo el pago de sus sueldos y salarios”, apuntó Galaviz.
Ante la inocultable situación de crisis por la basura que vive la ciudad, durante una sesión extraordinaria el viernes pasado la administración municipal finalmente tomó la determinación de “intervenir a la empresa concesionaria” y tomar la responsabilidad de proporcionar el servicio de recolección de residuos de la ciudad, la cual se observa sin organización y con absurdos como solicitar el apoyo ciudadano para acumular la basura al interior de las casas para no sacarla a las calles mientras el servicio se normaliza.
El argumento que hasta ahora ha manejado la propia alcaldesa para no proceder a rescindir el contrato, es que ello implicaría un alto costo para las finanzas públicas del municipio y por consiguiente para los ciudadanos, con lo que de antemano se asume que se trata de un contrato ventajoso para la empresa.
En opinión de Galaviz sí hay otra salida menos costosa para el erario municipal:
“En la cláusula 2 del título de concesión se dice que debe cumplir con lo establecido en dicho convenio como lo de la cláusula 3 que señala ‘contar con el equipo de recolección y transporte necesario para garantizar el cumplimiento continuo, así como para garantizar su renovación y modernización conforme a los adelantos técnicos’, lo que evidentemente no ha cumplido la empresa y es motivo para rescindirle el contrato”.
Cita también el contenido de la cláusula cuarta, que obliga a la empresa a “cumplir con la presentación del servicio concesionado en las rutas, horarios, y frecuencias establecidas por el concedente” y se determina en una tabla específica, la cual evidentemente tampoco se ha cumplido.
Por tales irregularidades y la falta de transparencia sobre las condiciones de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para hacerse cargo del servicio, el Observatorio Ciudadano solicitará a la presidenta municipal que haga público “el acuerdo de cabildo que señala la intervención para conocer sus alcances, ya que aún no está publicado y debe ser necesario para que sea considerado como un acto de autoridad”.
Además le exigen informe si se cumplió, o no, con la fianza establecida en el título de concesión de 30 millones de pesos. También, saber si la Contraloría municipal ha realizado auditorías tanto a SIRESOL como a la empresa concesionaria y de ser.
Otro punto que consideran importante es que el municipio transparente los gastos de arrendamiento de vehículos para la recolección de basura, los montos, las empresas y particulares que fueron contratados, los costos por vehículo y los horarios de operación durante este periodo de emergencia.
Por último, solicitaron la remoción del titular encargado de SIRESOL, que evidentemente no cumplió con sus obligaciones de vigilancia y prevención de este servicio que está afectando gravemente al ciudadano y a la imagen de Cancún como destino mundial del turismo y como indigna celebración de los cincuenta años de su fundación.
FUENTE: Luces del Siglo
