Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, el máximo cargo federal en Quintana Roo, se sumó a la demanda del sector privado para que la dependencia, dirigida por Rogelio Jiménez Pons, abra una investigación contra Raúl Bermúdez Arreola.
Para el súper delegado en el estado, ningún funcionario debe usar su puesto para amedrentar a alguien. Bermúdez Arreola fue exhibido en un audio mientras amenazaba con cerrar los accesos al condominio Isla Dorada, en la Zona Hotelera de Cancún.
La molestia del funcionario federal fue que no había podido utilizar los servicios del gimnasio y pedía que ya no le cobraran nada y al no obtener una respuesta favorable amenazó con “apretar” al administrador del lujoso condominio.
“Definitivamente, ningún funcionario o servidor público de cualquier gobierno, sea federal, estatal o municipal, tenga o no razón, puede amenazar o amedrentar a alguien con el nombre de la institución a la que pertenece”.
Señaló que, como ciudadano, debe afrontar las situaciones ante un posible maltrato, pero “jamás utilizar a la institución para amenazar a una persona”, además de que contradice lo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al comportamiento ético de los funcionarios públicos.
“Este tipo de comportamientos destruye todo lo que estamos haciendo los demás y no se puede tolerar”.
Por ello, insistió en que los encargados de Fonatur a nivel federal deben analizar el caso y proceder como corresponda para evitar episodios similares que denosten el trabajo y comportamiento de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Ese tipo de faltas están catalogadas en los artículo 52 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como cohecho y abuso de funciones, y son consideradas dentro de las faltas graves.
A pesar de ello, tanto Bermúdez Arreola como su jefe Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, pretenden resolver el caso con una simple disculpa en un documento circulado por el servidor público señalado.
FUENTE: Sipse
