El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalaba por la ventanilla de un helicóptero militar cómo el cauce del río Carrizal se partía en dos. “Teníamos que tomar una decisión”, explicaba el mandatario, durante un sobrevuelo por las zonas más afectadas por las inundaciones en Tabasco, su Estado natal, en el sureste del país. Cerrar las compuertas de la presa en el brazo derecho del caudal aseguraba que Villahermosa, la capital estatal, no se inundara por completo. Pero también implicaba que saliera más agua al río Samaria, que pasa por comunidades indígenas en la periferia de la zona. “Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, zonas chontales, los más pobres”, reconocía el pasado fin de semana López Obrador, “tuvimos que optar entre inconvenientes”.
Hay poco que explicar al presidente cuando se trata de inundaciones. Como un 60% del territorio es llano y susceptible a los desbordamientos de los ríos, los tabasqueños han tenido que lidiar con este problema desde que tienen memoria. Las de las últimas semanas, por el paso del huracán Eta, han dejado al menos 27 muertos y 180.000 damnificados. Las de hace diez años afectaron a 130.000 personas. Las de 2007 asolaron a más de un millón de habitantes, tres cuartas partes de la población. En cada ocasión surgen las mismas preguntas sobre si se pudo haber hecho algo más para evitar el desastre. Y cuando baja el agua se desentierran las políticas fallidas, las promesas no cumplidas y sumas millonarias de dinero que nunca llegaron a la raíz del problema. Hay denuncias de violaciones a derechos humanos, acusaciones de corrupción y reclamos por malos manejos de las autoridades federales, estatales y municipales. Cada año llegan las lluvias y los ríos desbordados siguen apareciendo.
Los primeros registros de inundaciones en Villahermosa datan del siglo XVI y el ciclo pluvial de Tabasco se identificó desde finales del siglo XIX. Se detectó, además, que el problema era cíclico: cada 10 años, más o menos, el problema es más grave, coinciden académicos y organizaciones civiles. El agua fluye en la región desde siempre, una planicie en la que desembocan los dos ríos más caudalosos en el país, el Grijalva y el Usumacinta, que se forman en las partes altas de Guatemala y representan una tercera parte del agua dulce que corre por México. Es el Estado donde más ha llovido en los últimos 30 años, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y este ha sido, además, el año más lluvioso del último lustro, según datos oficiales.
Presidentes y gobernadores han anunciado obras de infraestructura cada vez que pasa una tragedia, al menos desde 2003. La construcción de la compuerta de El Macayo, a la que se refería López Obrador durante su sobrevuelo, fue anunciada en 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), en respuesta al desastre de 2007. Se invirtieron 1.100 millones de pesos (más de 80 millones de dólares) y se esperaba que concluyera en dos años, pero se inauguró en cuatro, ya con Enrique Peña Nieto (2012-2018) como mandatario. Organizaciones civiles denuncian que la obra ya estaba contemplada desde la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), por lo que extienden el tiempo de construcción a más de 11 años.
El Macayo es crítico por la bifuración del Samaria y del Carrizal, ambos afluentes del Grijalva. Es también una enorme metáfora de la disyuntiva moral y política que se tomó en su momento: proteger a la capital, la ciudad más poblada del Estado, a costa de comunidades rurales, indígenas y empobrecidas. “La realidad es muy cruda, pero la lógica siempre ha sido salvar a Villahermosa”, afirma José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás.
Y luego vienen las dudas sobre la gestión de los recursos. Tras las lluvias de 2007, el Gobierno de Calderón anunció 7.000 millones de pesos en ayudas para la reconstrucción de Tabasco a través del Fondo de Desastres Naturales, pero la Asociación Santo Tomás denuncia que solo se ejerció una fracción de los recursos. Documenta también que entre los gastos erogados se encontró la construcción de una base para una estatua de Chico Ché, un conocido cantante, en Villahermosa.
Las sospechas sobre la estrategia de Calderón, como las hubo con Fox y Peña Nieto, llegaron hasta la Auditoría Superior de la Federación, el brazo fiscalizador del Legislativo, que dictaminó en 2010 que la Conagua “no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública”. Tras las inundaciones de ese año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabilizó en 2011 a la Conagua y al Gobierno estatal de no garantizar el derecho a la seguridad, la vivienda y a la salud de 5.000 afectados, abrumadoramente indígenas chontales, y otras 130.000 víctimas potenciales. “Ningún gobernador ni ningún presidente ha querido ni ha podido resolver el problema de las inundaciones”, comenta Arias.
“Estamos en una crisis civilizatoria, los sistemas naturales están al límite”, explica Luis Rey Carrasco, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo. Carrasco no echa en saco roto el grueso de las obras que se hicieron para paliar las inundaciones, pero afirma que no se ha llegado al fondo del problema porque las construcciones han sido insuficientes y han tardado demasiado en construirse.
En el panorama general, el investigador enlista como factores determinantes el auge de la industria petrolera y sus consecuencias para el cambio climático; el crecimiento urbano caótico e ilegal en asentamientos debajo del nivel del mar, la basura y la contaminación del agua en las ciudades. En el campo se desplazó a decenas de comunidades, que se inundan, pero aquejan la falta de agua potable. Se construyeron las presas, originalmente no pensadas para la generación de electricidad, pero ahora existen grandes intereses públicos y privados en juego. Se deforestó la selva para abrir paso a la ganadería, se dieron concesiones mineras y para la explotación de hidrocarburos, y se introdujeron monocultivos para producir aceite de palma, también usado en el sector energético. Todo eso aumentó el riesgo y la vulnerabilidad ante los desastres.
“Hay una división del trabajo en el país, a los Estados del sureste se les utiliza como una bodega de recursos naturales”, señala Fermín Ledesma, investigador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, en el norte de Chiapas, del otro lado de El Macayo. “El Estado mexicano ha creado una zona de extractivismo dentro de su propio territorio, hoy vemos las consecuencias”, agrega Ledesma, que acusa “el abandono y el saqueo” de las comunidades más afectadas por el derroche medioambiental: “Hay más de 20 municipios afectados por las lluvias en Chiapas; hay un fracaso en la política de protección del Estado mexicano”.
Amurallar Tabasco contra el agua no es la solución al problema, insisten los especialistas. Si no hay una visión de cuenca, incluso trasfronteriza que contemple a Guatemala, las inundaciones seguirán llevando al límite a la marginada frontera sur. El Gobierno de López Obrador está por presentar el plan contra la emergencia en Tabasco, el cuarto en cuatro sexenios. Debajo del agua está el fondo del problema, el Fonden ha desaparecido por sospechas de corrupción, esta Administración sigue apostando por megaproyectos como la refinería de Dos Bocas (también en Tabasco), un nuevo huracán está por golpear Centroamérica y la Conagua tiene menos de la mitad del presupuesto con el que contaba en 2015: pasó de más 50.000 millones de pesos a menos de 23.000 millones este año. “Estamos encajonados en una situación crítica; no hay alternativas en el corto plazo”, advierte Carrasco.
FUENTE. El País
