En entrevista con Karla N., dijo que con 22 violaciones por cada 100 mil habitantes, el estado ocupa el primer lugar por tasa poblacional en el país.
Karla N. compartió que se realizó un aborto en 2018, sin conocer el proceso, con miedo por su vida y temor a ser juzgada.
Aunque Karla contó con el apoyo de su mejor amiga y de su madre para interrumpir su embarazo, el hecho quedó prácticamente sepultado.
Ninguna volvió a hacer referencia a lo ocurrido, y eso dificultó que gestionara adecuadamente ese pasaje de su vida.
Pensando en las iniciativas que se han presentado en el Congreso estatal para la despenalización del aborto, la joven relató su experiencia para sensibilizar a las y los legisladores sobre la importancia de reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
A pesar de que rechazaron en el congreso que sea aprobado.
“Votar a favor del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Para mí, el aborto tiene que ser legal porque viene con muchísimas cosas más: educación, libertad, como una manera de cambiar completamente el sistema”, planteó. “Siendo extremistas, el aborto debería ser obligatorio si no tienes las condiciones adecuadas para tener un bebé, por ti, por la sociedad, por la vida que le vas a dar”.
La Constitución Política del estado, en su artículo 13, “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano” desde la concepción, por lo que el Código Penal solo admite cuatro causales de aborto: si el embarazo es resultado de una violación, y esta ha sido denunciada ante el Ministerio Público; si la vida de la mujer encinta corre peligro; si a juicio de dos especialistas el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que puedan causarle graves trastornos físicos o mentales, y si el aborto se produce por imprudencia de la embarazada.
Pará concluir Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo Marea Verde Quintana Roo, y Vanesa González Rizzo Krasniansky, representante estatal de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), coincidieron en que el hecho de que haya mujeres que pueden ejercer su derecho al aborto, y otras a quienes les es vedado, representa un trato desigual e inequitativo que se traduce en discriminación
