Juan Carrillo quedó sin protección legal para evitar que se haga efectiva una orden de aprehensión, que no se ha podido ejecutar, debido a la inmunidad del cargo como edil de Isla Mujeres.
ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con una investigación penal a cuestas que lo responsabiliza de un presunto quebranto patrimonial en agravio del ayuntamiento de Isla Mujeres, el alcalde Juan Carrillo quedó sin protección legal para evitar que se haga efectiva una orden de aprehensión que existe en su contra desde mayo pasado. Inmunidad
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Al también diputado federal electo del Distrito 1 por la coalición “Juntos haremos historia por Quintana Roo” se le ha señalado por la irregular contratación de un par de créditos a corto plazo por 22 millones 397 mil 608.87 pesos, mediante un mecanismo de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), cuyo destino de los recursos no ha podido aclarar, lo que podría configurar un quebranto a la hacienda municipal.
La orden de detención contra el edil fue emitida por un Juez de Control del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, como resultado de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
Carrillo Soberanis logró sortear un primer mandamiento de aprehensión al tramitar y obtener una suspensión provisional en un amparo promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito, del cual se le concedieron medidas cautelares con un previo pago de garantía por 40 mil pesos.
Cuando se le otorgó la protección judicial para que no se le privara de la libertad personal, el juez aclaró que esta tendría vigencia hasta que resolviera la suspensión definitiva.
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El monto de 40 mil pesos que se le impuso como garantía, observó el juez, se le fijó de forma discrecional ante la “ausencia de datos de la cuantía del daño patrimonial en la demanda de garantías, así como la naturaleza, modalidades y características de los delitos que se le imputen a la parte quejosa y para el efecto de que no se sustraiga a la acción de la justicia”.
Posteriormente, al no poder desvirtuar los cargos contenidos en los informes enviados al juzgado federal tanto por la Fiscal Anticorrupción como por el director de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado 16 de junio Carrillo Soberanis sufrió su primer revés jurídico.
Pero antes de que procediera la detención, el edil se apresuró para ampliar su demanda alegando supuestos actos de violación del Fiscal Anticorrupción adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE). Tampoco tuvo éxito.
La situación legal del isleño cambió el pasado miércoles, cuando el juez Segundo de Distrito, Gerardo Vázquez Morales, resolvió negar la suspensión definitiva como parte del caso radicado bajo el expediente único nacional número 28122760, dejándolo expuesto a la ejecución de la orden de aprehensión en su contra, misma que no se ha podido ejecutar porque después del proceso electoral regresó a ocupar la presidencia municipal para aprovechar la inmunidad que le garantiza el cargo.
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El saliente presidente municipal está por entregar el control de la administración municipal (30 septiembre) a la panista Atenea Gómez Ricalde —quien obtuvo el triunfo— y seguramente buscará ahora la inmunidad como diputado federal.
Juan Carrillo se ha visto envuelto en otros escándalos de corrupción por incurrir en omisiones a la protección del medio ambiente en Isla Blanca en la zona continental del municipio, al ser señalado como presunto responsable de la destrucción de una hectárea de plantas nativas en el Fraccionamiento Santa Fátima en 2019.
De igual manera se habría beneficiado de manera irregular con los títulos de concesión para la renta de carritos de golf en Isla Mujeres otorgados fuera del procedimiento oficial por su ex jefe y amigo el ahora ex gobernador Roberto Borge, actualmente preso.
Uno de los documentos cuestionados (número 1346/2016) se emitió a nombre de Patricia del Socorro Soberanis, madre del todavía alcalde, de acuerdo a diversas denuncias.
En su declaración patrimonial de hace 5 años (13 abril 2016), la última que hizo pública, reportó únicamente dos vehículos con un valor factura conjunto de 737 mil 700 pesos (Chevrolet 2014 y Toyota 2015).
Asimismo, cuatro cuentas bancarias, dos con un saldo promedio de 100 mil a 500 mil pesos (Banorte y HSBC) y las restantes con 500 mil pesos o más (Banorte y Santander), sin que declarara bienes muebles ni inmuebles propios o de su cónyuge.
Fuente: Luces del Siglo
