Familias de los normalistas reclamaron a López Obrador que hay 40 órdenes de aprehensión sin ejecutar y que Tomás Zerón sigue sin ser extraditado
Un testigo declaró ante instancias judiciales que al menos 25 de los estudiantes de Ayotzinapa fueron conducidos al 27 Batallón de Infantería, situado en Iguala, Guerrero. Esto reforzaría las tesis de la presunta responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43, de la que este 26 de septiembre se cumplen siete años.
La revelación la hizo el abogado Vidulfo Rosales, que acompaña a las familias, tras la reunión mantenida en palacio con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se debe realizar una investigación exhaustiva”, señaló, en referencia a la secretaría de Defensa.
Rosales indicó que reconocen los avances efectuados durante la actual administración pero que todavía quedan pendientes cuestiones fundamentales: “No está establecido el paradero ni qué ocurrió la noche de los hechos”, dijo.
Sobre los aspectos positivos, el abogado habló de los avances en las búsquedas en la barranca de la Carnicería y las detenciones efectuadas en los últimos tiempos, entre las que se encuentran la del capitán José Martínez Crespo, el único miembro del Ejército que permanece en prisión por su presunta relación con los hechos.
Documentos obtenidos por Animal Político señalaron que hubo testimonios que también señalaban que Guerreros Unidos sobornaba al coronel que en aquel momento estaba encargado de la zona.
Sin embargo, quedan muchas cuestiones sin resolver. A juicio de las familias de los 43 de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) no está avanzando lo suficiente. Por un lado, porque falta investigar en profundidad al Ejército. Por otro, porque todavía quedan 40 órdenes de aprehensión sin efectuar (algunas de oficiales y la mayoría de personas que, presuntamente, estuvieron en el lugar de los hechos).
Además, Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de México, sigue sin ser extraditado. Sobre este último aspecto, Rosales aseguró que el propio López Obrador dijo estar comprometido en conversaciones con las autoridades israelíes para su entrega.
“Hay funcionarios enquistados”, dijo Rosales en relación a la FGR. Su tesis: que hay oficiales vinculados al anterior gobierno que están dificultando las investigaciones.
Sobre el Poder Judicial el abogado también consideró que existen “claroscuros”. “El criterio apunta más a favorecer a los imputados, a las personas imputadas, que a las víctimas”, dijo.
El próximo domingo se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para recordarles y exigir que se investigue hasta conocer la verdad se celebrará una marcha que partirá a las 16.00 horas desde el Ángel de la Independencia.
Fuente: Animal Político
