Las organizaciones civiles enfocadas también se han sumado para participar en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento del acceso y transparencia a la información.
CANCÚN, Q. ROO.- Durante la administración de Carlos Joaquín González se han inyectado mil 429 millones de pesos para la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, a través de los cinco organismos estatales encargados de atender estos asuntos, informó la asociación civil Observatorio Quintana Roo.
Y apuntó que en la composición de algunos de estos entes participan tanto actores públicos como privados, y son: las contralorías del Estado y Municipios, el Instituto de acceso a la Información y Protección de datos personales, la Fiscalía especializada Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por representantes de la sociedad civil. Todos ellos reciben recursos del presupuesto público.
A partir de un análisis con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Acceso a la Información, este martes 28 de septiembre, la asociación civil destacó que la Contraloría General del Estado es la instancia que más recursos ha recibido con un total de 929 millones de pesos del 2017 a la fecha.
La segunda instancia más beneficiada en dicho rubro, es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que ha recibido 208 millones de pesos; en tercer lugar, está el Tribunal de Justicia Administrativa con 162 millones de pesos; le sigue la Fiscalía Especializada con 86 millones de pesos, del 2018 al 2021, y SEA/CPC 44 millones de pesos en el mismo periodo.
Además de estos entes públicos, se han sumado organizaciones civiles enfocadas a participar en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento del acceso y transparencia a la información con presupuestos destinados a este concepto.
En el Estado existen diversas asociaciones que han estado aplicando recursos para apoyar esta lucha contra la corrupción, desafortunadamente no publican sus ingresos y su origen ni sus gastos y destino para sumarlos a estos montos, para tener así información complementaria de lo que se destina a esta lucha, lamenta el Observatorio Quintana Roo.
“Se sabe que algunas de ellas reciben recursos de los Programas de las Naciones Unidas y del Gobierno de los Estados Unidos como los que recibe por ejemplo la organización de Ciudadanos por la Transparencia A.C. por 635 mil 845 dólares para sus programas por parte de USAID, pero no se informan del origen y destino de sus recursos, en un campo de la transparencia que es muy importante”, detalló.
“Los resultados de estas inversiones —añadió— podemos considerarlos fundamentalmente orientados para la conceptualización del problema de la corrupción y en una gran medida a la prevención de los actos de corrupción, algo que es difícil de medir, en especial por que los índices de percepción de situaciones de corrupción en el Estado y Municipios se han mantenido altos”.
La asociación civil evalúa que si se revisarán las facultades y orientación de estos actores queda confirmado que el IDAIPQROO, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo encargado de “promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información”, coadyuva en la formación de una cultura de la transparencia.
Por su parte, el CPC se ha definido como el Vínculo entre el sistema y la ciudadanía, con facultades para proponer políticas anticorrupción y de vigilar el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, además de generar mecanismos para que “la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción y faltas administrativas”.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha sido de gran ayuda para los procesos de atención de los excesos de las administraciones públicas en materia fiscal y de derechos en contra de los ciudadanos, pero sus trabajos han sido en menor medida para atender los casos de faltas graves de los funcionarios públicos, que es donde se encuadran sus facultades dentro de Sistema dentro de esta lucha contra la corrupción.
La Contraloría del Estado, mediante los órganos Internos de Control establece medidas para evitar los actos que incumplan la normatividad del manejo presupuestal y en algunos casos hacer las denuncias por su incumplimiento. Y como hemos mencionado ha recurrido a despachos externos mediante contratos millonarios para proseguir las demandas a exfuncionarios.
Por último, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es el único ente que tiene atribuciones legales para efectuar actos de investigación y persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos y que como resultados en su informe del año 2020 señaló que se han recuperado 181 millones de pesos en efectivo y 130 millones de pesos en 25 inmuebles recuperados. Un total de 321 millones de pesos.
En opinión de la asociación civil, deben de revisarse los procedimientos de las carpetas de investigación que se han abierto por las denuncias presentadas, ya que muchas de ellas han estado desechándose por diversos motivos o mediante la concertación de acuerdos, que igualmente tienen incongruencias respecto a los montos demandados inicialmente.
Pone como ejemplo la carpeta de investigación 351/2017 por el delito que se le imputa a un particular “relacionado con la compra de seis predios por los cuales pagó 11 millones 534 mil 699 pesos, cuyo valor real es de 189 millones 778 mil 340 pesos y recibió del IPAE.”
En la información inicial de la apertura de esta carpeta —analiza—, nunca se especificaron qué tipos de predios o inmuebles del patrimonio se trataban, su ubicación y valor individual o su importancia para el Estado.
Y de acuerdo con la investigación realizada, cinco de los predios son de unas superficies menores, incluyendo que en tres de ellos están instaladas tiendas de conveniencia (Oxxos), únicamente se encuentra un gran predio, el de 395 hectáreas en el hoy municipio de Bacalar que se encuentra en una zona rural sin gran valor inmobiliario.
“Un detalle importante que se pudo ver en el acuerdo reparatorio, es la gran diferencia entre lo manifestado inicialmente que dichos predios representaban un valor de 189 millones de pesos, en el documento del acuerdo se señala que lo valorado por el Ministerio Público, el daño patrimonial de estos inmuebles al IPAE fue de $48,407,616.86, es decir 140 millones de pesos menos a lo señalado en las carpetas de investigación iniciadas”, explicó.
“Estas son las consideraciones que deben realizarse para qué la lucha contra la corrupción realmente funcione, que los entes creados para ello tengan las facultades para hacer las investigaciones y denuncias, que no sean solo intermediarios entre el ciudadano y los gobiernos, que la carga de la denuncia, investigación y comprobación no sea de los ciudadanos que no reciben recursos públicos o privados para afrontar los actos de corrupción, que ya se supere la etapa de concientización y difusión de los problemas que la corrupción ocasiona en nuestra vida y economía, eso ya la sociedad lo sabe, lo que reclama es que se actúe y que su lucha no sea ahora una forma de vida institucional pública o privada con elevados presupuestos para gastos y sueldos y sin resultados efectivos”, puntualizó.
Fuente: Luces del Siglo
