Amnistía Internacional (AI) hizo una serie de señalamientos a autoridades de Quintana Roo por incumplir las recomendaciones para reparar el daño ocasionado por el uso ilegal de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de seguridad pública y tránsito del municipio de Benito Juárez contra personas que se manifestaron el 9 de noviembre de 2020 en Cancún.
Entre las peticiones está investigar a María Elena Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, y a Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo).
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En una carta dirigida a la edil, a la contraloría de Benito Juárez, a la Cdhqroo, a la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura del estado y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), AI externó su “más profunda preocupación” por la decisión de informar que se cumplió la recomendación.
Consideró que esto constituyó un acto de violencia institucional y revictimización, porque durante el proceso de reparación del daño, las instituciones no tomaron en cuenta la opinión ni las necesidades de las víctimas cuyos derechos fueron violados.
Explicó que se ignoró el hecho de que un juez federal ordenó revocar los dictámenes de reparación emitidos por la Ceaveqroo, por considerar que no se permitió a las víctimas participar en el proceso.
Llamó a la alcaldesa a rendir un informe público en el cual exponga las razones por las cuales se ignoraron las peticiones de los afectados acerca de la modalidad de la disculpa pública, y a la contraloría municipal le solicitó investigar si la presidenta municipal incurrió en faltas administrativas.
Fuente: La Jornada
