El senador de Morena ha promovido una campaña contra el delito de ultrajes a la autoridad, mismo que tiene una pena de hasta dos años en el estado de Veracruz
Este lunes 28 de febrero trascendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, mismo que está plasmado en el Artículo 331 del Código Penal de Veracruz (CPV):
“Artículo 331.-Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”
De tal modo que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, celebró la determinación de la Corte y abundó sobre lo que esto significa y cuáles serán los procedimientos que correrán a partir de la notificación oficial al poder legislativo de Veracruz.
Lo primero que hizo fue reconocer la felicidad que le provocó la interpretación de la SCJN, pues el delito, que calificó de ominoso, de acuerdo con el legislador federal, se ha utilizado como un mecanismo de persecución política a la ciudadanía que no empata su criterio con el gobierno de Cuitláhuac García, actual mandatario local de Veracruz.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores señaló que a través de la implementación de los casos de “ultrajes a la autoridad” se “han cometido excesos y barbaridades y violaciones a los derechos humanos en Veracruz”.
“Esta resolución establece la inconstitucionalidad, es decir, la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del estado de Veracruz”, explicó a través de un video que publicó en sus redes sociales.
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El gobernador de Veracruz dio respaldo a AMLO (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)Asimismo, recordó la discusión parlamentaria ocurrida en el congreso local, misma en la que aprobaron hacerle cambios a dicho artículo, pero que en esencia lo ratificaba en el Código veracruzano, por lo que la determinación de la Corte, en su carácter de máxima institución en materia judicial, impone, de facto, esta interpretación a todas las entidades de la república.
También, puntualizó que la declaratoria de invalidez tendrá efectos retroactivos al 12 de marzo del 2021, fecha en la que las normas invalidadas entraron en vigor, lo que beneficiará a más de mil civiles que se encuentran privados de su libertad al enfrentar casos por “ultrajes a la autoridad”.
Con este contexto presentado, el legislador explicó el procedimiento por el cual los ciudadanos quedarían en libertad una vez que se haga la notificación oficial:
“En los procesos penales que se siguen por ese delito, el Ministerio Público, el imputado o su defensor pueden solicitar el sobreseguimiento de la causa”
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Monreal Ávila también ha promovido una campaña para que liberen a José Manuel del Río (Fotos: Cortesía Senado/Facebook/José Manuel del Río)En ese momento, el juez de la causa cita una audiencia, en el plazo de 24 horas, donde define esa circunstancia y dejará libre a los que estén siendo procesados por ultrajes. Al revelar esta información, Monreal Ávila no pudo ocultar su sonrisa; asimismo, agregó que esta determinación se trata de un avance al reconocimiento de los derechos humanos.
“Una victoria de quienes creemos en los derechos humanos, es una victoria de quienes luchamos por todos los inocentes perseguidos, es una victoria para la gente que está detenida y que es inocente”
Cabe recordar que la SCJN determino que “ultrajes a la autoridad” contraviene a la Constitución porque, así como está redactado, violenta los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad; esto quiere decir que el texto no precisa ni abunda lo suficiente para dejar claro qué tipo de conductas se tipifican como prohibidas y qué tipo de sanciones serán aplicables en los términos legales.
Bajo esta lógica, los ministros de la Corte señalaron una flagrante violación a este término, pues la redacción en este artículo no esclarece cómo se incurriría en este delito, por lo que “cualquier palabra, tono de voz, gesto, burla podría ser una amenaza o agresión contra un funcionario”.
fuente: infobae
