- Hay afectaciones irreversibles por devastación geológica y de cuerpos de agua por los daños que causó Calica en Quintana Roo.
CANCÚN, Q. ROO.- Un diagnóstico del nivel de destrucción dejado por Calica (hoy Sac-Tun) revela que la selva arrasada podría recuperarse en 300 años, con la ayuda de una reforestación intensa.
Otros daños tienen carácter irreversible y no hay manera de resarcirlos, entre ellos, la devastación geológica y del sistema subterráneo de cuerpos de agua, que incluye dos cenotes.
El estudio científico —realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC)— concluye que la filial de la estadunidense Vulcan Minerals ha generado tres tipos de daños ambientales en Quintana Roo: deforestación y pérdida de biodiversidad; saqueo hídrico y contaminación de flujos subterráneos, y contaminación de suelos.
El impacto ambiental generado por los tres tipos de daños se refleja en un desmonte con pérdida del germoplasma de la selva subperennifolia.
Entre las especies arrasadas figuran el tsalam (Lysiloma latisiliquum), el jabín (Piscidia piscipula), el catalox (Swartzia cubensis) y el chicozapote (Manilkara sapota).
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El estudio advierte que se trata de flora de lento crecimiento, por lo que ya no se recuperan de una destrucción como la generada por Calica sino en 300 años y bajo un cuidado intensivo.
Al mismo tiempo, se generó pérdida de hábitat de especies de fauna en riesgo, como el mono aullador (Alouatta villosa), el mono araña (Ateles geoffroyi) y el hocofaisán (Crax rubra). Además, las actividades extractivas de Calica generaron la fragmentación del corredor biológico de especies bandera como el jaguar (Panthera onca), declarado en peligro de extinción.
Y entre los daños que no tienen remedio, el documento cita la modificación de geomorfología de la zona. Se refiere a la alteración del sistema de aguas.
Menciona el caso de la mezcla de aguas salinas (de mar) y dulces (manto freático); las fracturas de roca caliza en zona aledaña; el cambio de flujos subterráneos por diferencias de presión, y la contaminación de aguas por polvos y posición de manto freático a cielo abierto.
Coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el documento lleva por título “Dictamen de Impactos Ambientales Derivados del Proyecto de Extracción Industrial de Roca Caliza a Cargo de la Empresa Calica (hoy Sac-Tun) en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo”.
Señala que la deforestación alcanza más del 80 por ciento en los predios Corchalito y La Rosita. Suman 942 especies de flora y fauna arrasadas en ambas zonas. De ellas, 194 presentan algún tipo de riesgo.
Con respecto del sistema hídrico subterráneo, el estudio señala la afectación en 17 cenotes, dos de ellos impactados directamente. En siete se generó una contaminación marginal. En ocho, el agua presenta turbiedad. Y los dos que se encuentran debajo de donde se hacen los trabajos presentan derrumbes y filtración de grasas y aceites, boro, fosfatos y fluoruros, lo que los hace irrecuperables.
El gobierno mexicano acusa a Vulcan Mineral no sólo de destrucción del medio ambiente sino de saqueo, pues extrajo ilegalmente más recursos de los permitidos y explotó el manto freático sin tener permiso para ello.
Calizas Industriales del Carmen, SA de CV, (Calica, hoy Sac-Tun) es filial de Vulcan Materials. Desde 1986 se dedica en México al aprovechamiento y la exportación de roca caliza y sus agregados pétreos. Entre ellos, piedra triturada, arena y grava. Realiza la explotación industrial por debajo del manto freático.
Desde ese año, las operaciones de Calica tienen lugar en el municipio de Solidaridad y en la porción continental del municipio de Cozumel mediante acuerdo entre el gobierno estatal y la empresa.
Para el año 2000 obtuvo la autorización federal para aprovechamiento de caliza por debajo del nivel freático.
En 2017, todavía bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente identificó un exceso en el aprovechamiento de caliza al que fue autorizado.
Ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2020, se ejecutó una clausura temporal parcial del predio El Corchalito y se aplicó una multa por 7 millones 980 mil pesos y medidas correctivas. Y en este año se sancionó una clausura total del predio La Rosita, por violaciones en materia de impacto ambiental y forestal.
FUENTE: LUCES DEL SIGLO
