EL BESTIARIO
México es un país de contrastes, con grandes oportunidades a la par que desafíos. Hay un acuerdo casi unánime en marcar las diferencias entre lo que México es y lo que podría llegar a ser. En determinados momentos, ya sea por la conjunción de factores coyunturales como por el aprovechamiento adecuado de factores estructurales, tanto internos como externos, se abren ventanas de oportunidad que pueden significar un salto cualitativo en la realidad y en la percepción exterior que otros países y actores internacionales tengan sobre la misma. México está -¿estaba?- atravesando uno de esos momentos. Pero los acontecimientos que han sacudido el país, por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio del Estado de Guerrero en confusas circunstancias que parecen apuntar a la connivencia entre las fuerzas de seguridad locales con grupos del crimen organizado y la complicidad de los responsables políticos locales, esa ventana de oportunidad se puede cerrar más rápidamente de lo deseado y previsto originalmente por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
La llegada al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN, de centro-derecha) provocó grandes expectativas tanto dentro como fuera del país, algunas positivas y otras no tanto. El presidente Peña Nieto fue consciente de que la vuelta al poder del PRI podía ser interpretada nacional e internacionalmente como una vuelta al viejo sistema político mexicano, asociado a las prácticas poco transparentes y cerradas de los gobiernos priistas del siglo pasado, a la par que con un compromiso reducido en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Se buscaba quitar el reflector de los problemas de seguridad para que la economía y las reformas fueran la nueva imagen de México en el exterior
Por ello, se comenzó con una campaña de comunicación preventiva en la prensa extranjera, con la que se pretendía proyectar una imagen de mandatario moderno, de cambio generacional, de compromiso con los valores democráticos, de mayor transparencia, de rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y, también, de compromiso en la lucha contra la criminalidad, aunque con marcadas diferencias respecto a su antecesor. Se buscaba quitar el reflector de los problemas de seguridad para que la economía y las reformas fueran la nueva imagen de México en el exterior, apoyando un proyecto de desarrollo en el que las inversiones extranjeras y la agenda exportadora son elementos claves.
Había llegado la hora de que México asumiera su undécima posición en el ranking de mayores economías del mundo -según las previsiones del PIB del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pasado 2014-, quedando por encima de países como Canadá, Italia y España y solo un puesto por debajo del Reino Unido.
Todo ha quedado eclipsado, tanto dentro como fuera de México, por la constatación de que la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la ausencia de un imperio de la ley siguen siendo desafíos cotidianos para gran parte de la sociedad mexicana, aunque no estuviera recibiendo la misma cobertura informativa, tanto nacional como internacional, como antaño sucedía en plena guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.
La inseguridad no ha dejado de ser un tema de preocupación de los mexicanos a pesar de las muchas detenciones de capos y máximos líderes del narcotráfico que se han sucedido en los últimos meses, semanas y días y que han escenificado victorias para la política de seguridad del presidente Peña Nieto. Pero la inseguridad no es solo en zonas fronterizas y los casos de Iguala y Tlatlaya, que han horrorizado a la opinión pública mexicana y global, ponen el foco en una situación de violencia que tiene una fenomenología mucho más extendida que estos casos extremos. Para ello basta ver algunos datos: recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone a México en el último lugar de la lista en términos de seguridad, con una tasa de 22,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces el promedio de la OCDE.
Más de 22 millones de mexicanos han sufrido, durante 2013, algún delito del fuero común, y no se denunciaron el 93,8% de los casos
Pero entrando algo más en detalle, y viendo algunos datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública elaborada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México), esto es aún más evidente, ya que se considera que más de 22 millones de personas han sufrido, durante 2013, algún delito del fuero común (no se miden delitos como narcotráfico o crimen organizado). Y esta cifra no es la más preocupante. Llama mucho la atención, que el nivel de delitos no denunciados y que no figuran en ninguna estadística sea del 93,8% para 2013.
Según esta misma encuesta, entre los motivos que aducen las víctimas de un delito a no denunciarlo están las circunstancias atribuibles a la autoridad pública (65,6%), ya que consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo o por que desconfían de las autoridades correspondientes. Además, estas cifras muestran un incremento con respecto al año anterior, atribuible a los delitos como el robo y el asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión. El estudio sociológico revela que el tema de la inseguridad es el principal tema de preocupación entre los encuestados (58,1%), seguido del desempleo (46,1%).
En otro ámbito, como la corrupción, el desempeño de México en algunos índices tales como el Corruption Perception Index (2013) es preocupante, encontrándose en el puesto 106 de 177. Considerando que la corrupción es un elemento muy relevante para la construcción de la reputación de un país (CountryRepTrak 2014 del Reputation Institute), México se encuentra entre los países con reputación más débil, en el puesto 38, muy por debajo de países como Brasil (puesto 21) y por debajo de Venezuela (37). Cuando se analiza en este mismo informe la percepción como país ético con un alto nivel de transparencia y baja corrupción, México se encuentra en la posición 48 de 55.
El intento por mejorar el prestigio y el liderazgo regional y global de México se ha encontrado con el duro muro de la realidad interna
Estas son algunas de las razones que permiten explicar el escepticismo de gran parte de la sociedad mexicana sobre el desarrollo futuro del país. Se percibe que problemas tan importantes como la corrupción, la inseguridad y la discriminación han sido tratados de soslayo hasta el momento. No ocupan la agenda política hasta que acontecimientos tan graves como los de Tlatlaya y Ayotzinapa atraen los titulares de los medios de comunicación. La desafortunada coincidencia en el tiempo de la presentación del presidente Peña Nieto en Naciones Unidas con las desapariciones de 43 estudiantes en el municipio de Iguala hizo evidente que pasar del terreno de las declaraciones y las expectativas a la dura e inexorable realidad no es fácil.
El intento por mejorar el prestigio y el liderazgo regional y global de México se ha encontrado con el duro muro de la realidad interna mexicana. Las repercusiones internacionales no se han hecho esperar, desde la demanda de una investigación completa y transparente desde la secretaria de Estado norteamericana al comunicado de la delegación de la UE y de los embajadores europeos presentes en México, donde se expresa la preocupación ante estos hechos Las demandas de un grupo de diputados europeos (verdes/liberales), solicitando la suspensión de las negociaciones para la actualización del Acuerdo Global México-UE, provocó que la presidenta de la comisión europarlamentaria de México, Teresa Becerril, tras expresar su firme condena a lo sucedido en Iguala, considerara que México necesita estrechar aún más sus relaciones con la UE. Sobre esto se debatió en la sesión del Parlamento Europeo del 23 de octubre pasado. Ha llovido y torrencialmente desde entonces.
“La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, dice la ONU
Veinte palabras bastan para el escalofrío. “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Así arranca el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, las conclusiones del informe sobre la visita que hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado. El escrito revisa los fallos del sistema de seguridad mexicano y traza un aguafuerte en el que pocos escapan a su crítica: “Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
En sus recomendaciones, el relator pide que se ponga fin a una herencia de la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012): el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exige la eliminación del arraigo, la polémica figura que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales. Esta práctica, muy empleada en la ‘guerra contra el narco’, viola, según Méndez, la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. Su eficacia también la cuestiona: “De más de 8.000 personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena”…
Agustín Carstens reconoció por fin que no se puede separar ni minusvalorar el impacto de la violencia en la economía mexicana
El centro de atención del mandato del presidente Peña Nieto había sido hasta el momento la agenda reformista, que ha sido valorada muy positivamente por la necesidad y la profundidad de las mismas. Sin embargo, ahora se inicia la prueba de fuego para comprobar si estas reformas comienzan a producir resultados tangibles, en el crecimiento económico y en una mejora del nivel de vida de los mexicanos, aunque ya en un contexto más difícil que el previsto inicialmente.
El presidente del Banco Central de México (Banxico), Agustín Carstens, recientemente reconoció que no se puede separar ni minusvalorar el impacto de la violencia en la economía mexicana. Carstens se hacía eco de la encuesta realizada por Banxico a expertos en economía del sector privado (octubre de 2014), quienes identificaban la inseguridad pública como el principal factor (24%) que puede obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses, seguida de la instrumentación de la política fiscal (15%), la debilidad del mercado interno (14%) y la inestabilidad financiera internacional (14%).
El pasado 1 de diciembre de 2014 se cumplieron dos años del mandato de Peña Nieto en Los Pinos en medio de un ambiente de gran conflictividad social, desencanto y frustración ante la situación en la que vive el país. La popularidad del presidente es la más baja que ha registrado un mandatario en los últimos años. Según el sondeo de opinión del periódico Reforma, publicado el 1 de diciembre, la aprobación del presidente cayó en el último cuatrimestre del 46% al 39%, mientras que entre líderes de opinión bajó del 40% al 21%.
Aunque las imágenes de las marchas y protestas sociales estén recibiendo amplia cobertura informativa, han estado muy presentes en la vida de la capital y de todo el territorio mexicano durante los últimos años y meses. Es habitual que el centro de la ciudad de México sea el escenario de numerosas manifestaciones, plantones y marchas. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el diputado Héctor Téllez (PAN), en el período 2009-2012 ha habido 17.909 marchas. Otras estadísticas hablan de un promedio aproximado de 21 marchas diarias.
Partidos de la oposición también afrontan sus propias crisis internas, y con el PRD muy vinculado a la crisis de Iguala y la situación en Guerrero
Sin embargo, la violencia que ha acompañado a muchas de estas manifestaciones -no sólo en el Distrito Federal ya que, por ejemplo, en octubre pasado se llegó a quemar el Palacio de Gobierno de Guerrero- es cada vez más grave. Las marchas organizadas por los familiares de los 43 normalistas tienden a terminar con desmanes, vandalismo y encuentros violentos con las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos se convocan junto con diversas asociaciones, entre las que figuran la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), muy crítica de la reforma educativa impulsada por el presidente, mientras que hay otras instituciones que mantienen sus propias reivindicaciones y conflictos con el Gobierno Federal. En la mayoría de los casos esta violencia es causada por un pequeño número de grupos autodenominados ‘anarquistas’. Dichos grupos son muy activos y vienen realizando diversos desmanes y quemas de mobiliario urbano durante los últimos meses.
Este año de elecciones a diputados federales en todo el territorio y en gran parte de los estados habrá elecciones ordinarias a gobernador. Aunque por el momento los partidos de la oposición (que también afrontan sus propias crisis internas, y con el PRD muy vinculado a la crisis de Iguala y la situación en Guerrero) no han aprovechado demasiado este período crítico del mandatario priísta, la cercanía de las elecciones previsiblemente hará cambiar la situación. El mejor desempeño de la economía y que se comiencen a percibir los resultados positivos de las reformas, a la par que algunos de los problemas de seguridad estén en vías de resolución (o que al menos así se perciba), le daría un respiro al presidente en su tercer año de mandato sexenal.
“Las reformas tan importantes que se aprobaron a lo largo de los últimos dos años eran condición necesaria aunque insuficiente para que México contara con las herramientas para enfrentarse a los desafíos tanto internos como externos que esta época demanda…”, recalca en un informe Alicia Sorroza, investigadora del Real Instituto Elcano de Madrid, un centro de pensamiento -think tank- de estudios enternacionales y estratégicos es un centro de pensamiento (think tank) creado en 2001 en España.
No obstante, creo que los trágicos acontecimientos sucedidos en los últimos meses puede que sean un factor determinante que impulse a realizar muchas otras reformas indispensables para que México se enfrente con éxito a la corrupción, la inseguridad, la discriminación y el crimen organizado, y para que avance definitivamente por la senda del desarrollo, el crecimiento y el bienestar de su población.
La tragedia de Iguala y las fuerzas liberadas por el estallido popular que le siguió han alcanzado de lleno a la izquierda
El 7 de junio se celebran las elecciones parciales -Cámara de Diputados, 1.015 ayuntamientos, 17 Cámaras estatales y 9 gobernadores-. Los comicios serán inevitablemente una reválida para Peña Nieto y para su partido, el PRI. Pero también para las otras fuerzas. La tragedia de Iguala y las fuerzas liberadas por el estallido popular que le siguió han alcanzado de lleno a la izquierda. El PRD, que en las pasadas presidenciales quedó en segundo puesto, ha perdido el pulso. Su fundador y patriarca, Cuauhtémoc Cárdenas, ha abandonado sus filas, y el que fuera su más carismático candidato electoral, Andrés Manuel López Obrador, ha fundado su propio partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con un solo objetivo: disputar la presidencia en 2018.
Un poco mejor sitúan las encuestas al PAN. La formación que en 2000 logró acabar con 71 años de dominio ininterrumpido de poder priista, se mantiene en torno al 25% para la Cámara de Diputados, un resultado similar al obtenido en las presidenciales. El porcentaje le ubica como segunda fuerza, pero muy lejos de cualquier ambición presidencial. Y en su horizonte se atisba una cruenta batalla interna. La facción que perdió las primarias de mayo frente a Gustavo Madero, un pragmático que apoyó los pactos con Peña Nieto, se ha reagrupado para un nuevo combate en torno a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y principal detractor de los acuerdos.
La victoria del PRI en un entorno tan hostil confirmaría que es la maquinaria política más adaptada al abrupto territorio mexicano
Con sus dos mayores adversarios divididos, el PRI se enfrenta a las elecciones con cierta calma. Es la única formación que mantiene sin demasiado desgaste su tercio electoral. Encabeza las encuestas con un 30%, y, para completar su mayoría, cuenta con una formación satélite, el Partido Verde, una chirriante amalgama que igual pide la pena de muerte que el cierre de los circos, pero cuya intensa campaña mediática le coloca en la disputa por la tercera plaza. Van a quedar dos grandes partidos, el PRI y el PAN, y luego tres intermedios PRD, Morena y Partido Verde. Es inevitable que las elecciones se vean como un plebiscito presidencial, pero Peña Nieto va estar fuera de la contienda. “Ya no es un activo para el PRI y el partido no quiere cargar con su desprestigio”, comentan los analistas políticos de El Universal, Reforma, Excelsior, La Jornada, Proceso, Milenio…
La victoria del PRI en un entorno tan hostil confirmaría que es la maquinaria política más adaptada al abrupto territorio mexicano. Pero ni un triunfo electoral daría descanso a Peña Nieto. La verdadera partida, la gran apuesta, son las presidenciales de 2018. En un sistema donde la reelección no es posible, el presidente, que a diferencia de todos sus antecesores priistas, es el único forjado en la experiencia seminal de la oposición, tiene como tarea dejar la puerta abierta a su sucesor. Para lograrlo, como señalan los expertos consultados, tendrá que volver al punto inicial que le llevó al poder. Recuperar la confianza y lograr el despegue económico. Muchos obstáculos se interponen. El descrédito es posiblemente el mayor de ellos…
Las ‘otras reformas pendientes’ de México antes del 2018, para enfrentar la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado, y avanzar por la senda del desarrollo, el crecimiento y el bienestar de su población.
@SantiGurtubay
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