REDACCIÓN MACRONEWS.- El INE es uno de los sistemas electorales más onerosos del mundo, lo que ha provocado roces entre el Gobierno y el órgano autónomo. La autoridad electoral defiende que es prioritario tener una democracia de calidad en vez de una democracia barata, pese a los grandes fraudes que se han fraguado en el pasado.
El “plan B” obliga a una retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el salario del presidente de la República. Elimina seguros de gastos médicos mayores e insta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También orilla al INE a liquidar fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.
La estructura del INE y del Tribunal Electoral también se compacta. Desaparece la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tengan carácter temporal y no permanente.
Este paquete impone la austeridad en el organismo, logrando un ahorro de al menos 3 mil 500 millones de pesos.
El Plan B es más severo y específico a quien intente condicionar los votos de los ciudadanos con dádivas o dinero. También propone que los procesos electorales comiencen en noviembre y no en septiembre, como estaba previsto antes. Los procesos para capacitar a los ciudadanos serán más cortos, por ejemplo, así como su selección para integrarse a las mesas de casilla, reduciendo con ello los costos.
Se elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que daba tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas. En cambio, el cómputo de resultados finales se dará a conocer en tiempo real desde el día de la votación, otorgando transparencia y reduciendo nuevamente los costos.
También se garantiza el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas. También se busca agilizar el trámite de sufragios de mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y por medio del voto electrónico por internet. También se eleva a rango de ley la inclusión de candidaturas de grupos minoritarios y vulnerables, lo que daría mayor asidero legal a lo que ya había impulsado el INE en esta materia.
En los artículos transitorios se plantea crear una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico con la participación del INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo es “diseñar de manera gradual, cierta, segura y austera, un sistema de votación que utilice las tecnologías de la información y telecomunicaciones para facilitar la emisión del voto, con certeza absoluta y seguridad comprobada, en resguardo del ejercicio del voto libre y secreto”.
Se da un lapso de máximo cinco años para que la comisión presente sus resultados al Congreso de la Unión. El voto electrónico se perfilaba en las últimas semanas como una de las pocas coincidencias entre lo que planteaba el Gobierno y la oposición.
