Redacción Macronews Por: Ariel García
Sucedió en una primaria, cuyo nombre no revelaron los documentos oficiales, era un espacio educativo como cualquier otro: preparado para que niñas y niños pudieran tener largas carreras e intercambios de risas entre los derrapes de bancas, antes y después de clases. Para aprender a leer y escribir. Para dejar crecer su creatividad y conocer nuevos compañeros de juego.
¿Cómo iban a saber las madres y padres de familia que un depredador estaba al acecho?
Nueve fueron las acusaciones por “acoso sexual ambiental” a menores que cayeron sobre los hombros del profesor Daniel “N”, “al efectuar posibles acercamientos corporales de esa índole sin el consentimiento libre y voluntario de las menores probablemente afectadas”.
Eso es lo que se narra en la carpeta de investigación por el Órgano Interno de Control. Para proteger a la víctima, el documento sólo da algunas pinceladas de lo ocurrido.
Tras una investigación, la institución concluyó que quedó “fehacientemente demostrado que el presunto responsable incurrió en la citada conducta, pues los dichos de las menores afectadas fueron corroborados con el testimonios de otros alumnos quienes eran sus compañeros de clase”.
Según datos de transparencia, a Daniel “N” se le aplicó una sanción blanda por sus actos de pederastia contra niñas de primaria: fue inhabilitado por “Tres años”, PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL”. Esto incluye, por supuesto, puestos educativos.
A través de registros de transparencia, se pudo encontrar que la mayoría de las sanciones ejecutadas contra funcionarios públicos por violencia sexual en México ocurren en ambientes educativos. Es decir, que son protagonizadas por profesores, directivos, personal de limpieza y entrenadores, sobre todo en instituciones de educación básica, en un evidente problema de género que afecta principalmente a niñas, adolescentes y jóvenes adultas.
