REDACCIÓN ARIEL GARCÍA.- Ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho. Reivindicar a la libertad de expresión como piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática implica aceptar que ésta es indispensable para la formación de opinión pública, así como para el ejercicio de los derechos humanos.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada y que no ejerce plenamente sus derechos humanos no es plenamente libre. En este sentido, tanto las personas periodistas como defensoras de derechos humanos son actores clave de la democracia, en tanto que desahogan información en la arena pública para alimentar la deliberación política.
La ausencia de herramientas metodológicas y de análisis para diagnosticar los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel subnacional tiene tres graves consecuencias para la democracia.
LEER: Tú y Yo Tenemos Derecho a Expresarnos Libremente
En primer lugar, impide el acceso a la información y con ello, la construcción de una opinión pública libre e informada. En segundo lugar, restringe las posibilidades de analizar las dinámicas locales de violencia e inseguridad. En tercer lugar, afecta el desempeño de las instituciones del Estado para atender eficazmente las necesidades de prevención, protección y acceso a justicia.
El proyecto que implementa Casede contempla desarrollar actividades de análisis y desarrollo de capacidades para analizar las condiciones de Libertad de Expresión a nivel subnacional en la Ciudad de México y en los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.
Asimismo, las actividades planteadas para resolver los problemas identificados son:
- 1. Investigación y análisis sobre el estado de la libertad de expresión en México a nivel federal y en las cuatro ciudades señaladas.
- 2. Construcción de alianzas con actores locales para implementar un plan de monitoreo, evaluación y análisis de las condiciones de libertad de expresión.
- 3. Desarrollo de un análisis comparativo sobre buenas prácticas y políticas públicas en materia de personas defensoras y periodistas, con una serie de recomendaciones.
- 4. Construcción e impartición de un Diplomado profesionalizante en materia de libertad de expresión.
