DESTRIPACUENTOS
Por Antonio Callejo
*Ante un enorme catálogo de delitos electorales, luchan los equipos legales
* Muchos delitos previstos son lógicos, pero otros obstaculizan avance social
* Tres meses de ausencia de beneficios ciudadanos que no se enteran
A los recorridos por las calles del respectivo distrito electoral, los candidatos lo denominan `campaña de tierra´, en tanto que a la publicidad mediante soportes electrónicos o físicos, como radio, televisión y espectaculares, le llaman `campaña de aire´. Sin embargo, en el actual contexto, todo indica que el verdadero trabajo que deben cuidar los candidatos y en general los miembros de partidos políticos involucrados en las campañas, es la `campaña legal´.
Aquí es donde los equipos de campaña de cada candidato saben que pueden hacer la diferencia, aún antes de que llegue el día de la elección. Y esta es la verdadera batalla, donde hay choques y confrontaciones reales, cuando el equipo de algún candidato considera que su oponente o sus correligionarios incurrieron en alguna infracción a la legislación electoral. Para ello monitorean las acciones, dichos y omisiones del contrincante, pasan largas noches tratando de encuadrar presuntos delitos electorales y acuden al órgano correspondiente a presentar sus quejas.
Esa lucha legal ocurre en las instancias encargadas de fiscalizar la elección, que emiten fallos y respuestas a las quejas, en un tráfago burocrático que involucra a cientos de funcionarios electorales y a jueces federales que tiene jurisdicción en estas lides.
Así, mientras algunos ven recorrer a los candidatos tocando de puerta en puerta y encabezando reuniones vecinales, los respectivos abogados de cada equipo de campaña sudan la camisa y se desvelan, pues saben que un error del oponente les puede dar más ventaja antes de la elección, si no es que la satisfacción de eliminarlo por algún desliz grave.
Y desde luego es saludable que haya un nivel de legalidad tan cuidado y valorado por los equipos de cada candidato. Sin embargo, también hay que hacer notar que en algunos aspectos, la legislación electoral es extremadamente radical y sus alcances llegan a impedir que los ciudadanos gocen a cabalidad de los beneficios de programas y obras, cuya difusión queda suspendida de tajo durante los periodos de campaña previstos por el calendario del Instituto Nacional Electoral.
Porque se entiende sin necesidad de ninguna explicación que se considere delito, por ejemplo, a la intimidación, amenaza franca o engaño para votar a favor de candidato determinado; a la manipulación de programas gubernamentales, recoger credenciales de elector ofreciendo beneficios sociales, robo de boletas, de urnas, relleno de las mismas, uso indebido de la papelería oficial o a la aparición de mayor número de votos que de votantes registrados, y así una larga lista.
Pero todavía suena hasta absurdo que se considere un delito electoral, por ejemplo, a: “acelerar la construcción y/o inauguración de obras, crear empleos, otorgar créditos; entregar bienes en forma acelerada y parcial en fechas próximas a la elección; entrega de despensas, materiales de ostrucción, instrumentos de trabajo; es decir, `si se presenta un condicionamiento electorero de bienes y servicios”. Incluso, se considera delito: “No suspender la publicidad sobre programas gubernamentales treinta días antes de la elección… publicidad de obras de trabajo durante las campañas”.
Tres meses sin beneficios para los ciudadanos
Y aquí es donde se presentan algunas paradojas. Porque absolutamente todos los programas y obras de gobierno requieren de la difusión como herramienta para ponerla al alcance de los ciudadanos. Luego entonces, para los políticos opositores al gobierno (cualquiera que sea), el cese de la publicidad de los beneficios ciudadanos es para su beneficio directo, en tanto que una infracción será un arma para atacar legalmente a su adversario. Si tomamos en cuenta que la cancelación de la difusión de obras y programas se debe realizar, por ley, desde 30 días antes del inicio y durante las campañas, que duran otros 60 días, entonces los ciudadanos se quedan sin un cuarto del total del año sin saber qué beneficios tienen en los diversos programas de desarrollo social, sea federal, estatal o municipal.
¿Porqué deben además considerarse delito que se aceleren las obras, o que se sigan entregando apoyos en especie a los ciudadanos? ¿Acaso no se toma en cuenta que algunas lluvias intensas afectan a pobladores de zonas frágiles que requieren láminas, despensas y otros apoyos en esas y otras eventualidades?
Hay niños que necesitan lentes todo el año y no pueden esperar tres meses hasta que pasen las campañas. Y así, ejemplos al infinito. Se trata de circunstancias que, sin embargo, agravian directamente a los ciudadanos, mientras los abogados de los candidatos pertenecientes al gobierno en turno se cuidan de no infringir, mientras que los equipos legales de sus adversarios esperan atentos que se brinde algún servicio a los ciudadanos para ir a denunciar un delito electoral. Grave y hasta injusto, sin duda.
Los candidatos a vencer, blindados legalmente
Por eso se entiende el cuidado que están teniendo los candidatos del PRI, José Luis Toledo y Arlet Mólgora, quienes avanzan en sus campañas `de tierra´, siempre acompañados de un abogado. Son precavidos en los que dicen, hacen o dejan de hacer, siempre ajustándose a la legislación electoral. Y también se entiende el porqué sus adversarios, que no pintan en el espectro de preferencias, están al acecho de algún desliz o error que les de pie a una escandalosa denuncia.
Cónclave de Protección Civil, en sede inmejorable
La experiencia de Quintana Roo en prevención y protección civil es reconocida dentro y fuera del país. No pudo escogerse un mejor sitio para celebrar la Reunión Nacional de Protección Civil 2015, donde el gobernador, Roberto Borge y el alcalde solidarense, Mauricio Góngora, pudieron compartir su experiencia en la promoción de la cultura de huracanes. @Antoniocallejo
