Palco Quintanarroense
La agresión sexual sufrida hace unos días en Cancún por una niña de dos años de edad en manos de dos primos de 13 cada uno sin duda mueve los sentimientos de cualquiera que sea padre o madre. Indigna que en nuestra sociedad sigan dándose actos primitivos que por sí mismos denigran al ser humano, violentan su dignidad, esa que por lo menos están salvaguardados por los códigos penales y otras leyes con las que se trata de proteger los derechos de todos, incluso de los delincuentes.
Y en una cultura como la mexicana, en la que se desconfía de la acción de las autoridades y del corrompido sistema judicial, que se reinventa a pasos desesperadamente lentos, que a veces da la impresión de que no se logrará el objetivo, desde luego que también indigna la liberación de los dos adolescentes.
Como se sabe, ambos primos enfrentarán su proceso penal en libertad, bajo la protección de sus padres que piden a los progenitores de la víctima “que todo quede en familia”. La decisión del Ministerio Público de liberar a los presuntos violadores es motivo de inconformidad y ya provocó por lo menos dos plantones en los que se exige justicia.
Pero también debe indignar que se intente politizar un proceso judicial como el que se inició en contra de los dos primos. Primero fue la diputada Susana Hurtado Vallejo, a quien se le cuecen las habas porque inicie la carrera de sucesión en la presidencia municipal, la que declaró que contra los argumentos del Ministerio Público la Ley de Justicia para Adolescentes sí prevé que los delincuentes menores de edad enfrenten encarcelados su proceso penal.
Afirmó que los dos primos agresores debieron ser enviados a un Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes, en el que recibirán la ayuda psicológica y psiquiátrica necesaria para que puedan reincorporarse a la sociedad.
“La ley no establece que regresarán a su casa sin recibir el tratamiento adecuado, como si nada hubiera pasado, eso sería irresponsable”, subrayó.
A Susana Hurtado le siguió la presidenta del PRD en Solidaridad Alejandra Cárdenas, quien también afirmó que los adolescentes deberían estar encarcelados.
Sin embargo, contra los deseos generalizados, aún los de tinte político, hay un problema técnico que lo impide. Por principio de cuentas en Quintana Roo conviven dos leyes de justicia para adolescentes, la original y la que menciona Susana Hurtado que está en vigor desde hace casi un año.
Contra lo que afirman Susana Hurtado y Alejandra Cárdenas, ambas leyes establecen que, a diferencia de los adultos, a los adolescentes no se les puede privar de su libertad mientras no haya una sentencia por los delitos de los que se les acusa. Y en este caso el proceso apenas inicia.
Pero además, la ley de la que habla Susana Hurtado sólo está vigente para el distrito judicial de Chetumal. Para Cancún sigue observándose la legislación anterior, debido a que en la zona norte todavía no se pone en marcha el nuevo sistema judicial, de modo que tampoco existe un centro de internamiento para adolescentes como el que describe la novel legislación.
Es decir, con el riesgo de triabilizar un tema serio, vergonzoso para cualquier sociedad, aquí aplicaría el dicho “de lengua me como un taco”. Ojalá los políticos dejen de tratar de sacar provecho hasta de las desgracias ajenas. Susana aprobó la ley más reciente, debe saber qué aprueba. A menos que sólo haya levantado el dedo.
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