En poco más de una semana, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) decomisaron por separado más de 50 millones de cigarrillos, una cifra cuantiosa de calzado e incluso vehículos de diferentes marcas, en el sur de Quintana Roo. 
Los pormenores son materia de investigación. Se sabe que, gracias a una denuncia ciudadana, se pudo proceder conforme a ley tanto en el rancho de la carretera Chetumal-Escárcega como en el predio de Huay Pix.
Representa un duro golpe al contrabando, aunque por enésima ocasión exhibe la porosidad de la frontera, pues muchos suponen -como indica la lógica- que todos o la mayoría de estos artículos fueron ingresados por la Aduana Subteniente López de Othón P. Blanco, debido a los oscuros antecedentes al respecto.
Para constatar lo anterior basta escudriñar en internet: son decenas de noticias relacionadas desde hace años sobre la aparente corrupción en la Aduana, dejando al descubierto complicidades impresentables: jefes de corporaciones policiales han sido investigados o detenidos por consentir o participar en hechos como estos.
Se ha avanzado, sin duda. Los históricos decomisos son una muestra del compromiso en cumplimiento, en un contexto de revitalización fronteriza, que busca no solo erradicar estas prácticas, sino impulsar paulatinamente el progreso de la franja limítrofe.
Pero la realidad es que en las Aduanas se sigue presentando el contrabando. Hay quienes no declaran todo lo que ingresan o bajan el valor del producto para pagar menos impuestos, lo cual se conoce como contrabando técnico. Otros no declaran, con el conocimiento de las autoridades, como ha sido de conocimiento público. En ambos casos constituye un delito y una competencia ilegal para los productores nacionales, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, los que generan la mayor cantidad de empleos.
El problema no solo es el ilícito evidente o la burla a los mandos responsables, sino de un golpe mortal a la industria manufacturera del país, propiciando que el mercado interno se contraiga, se pierdan empleos, se reduzca la recaudación fiscal y se dé vida a un círculo vicioso, en perjuicio de ciudadanos, quienes lo resienten en el bolsillo y en la salud por consumir productos de mala calidad.
En este sentido, sería conveniente que el Congreso federal modifique o fortalezca las leyes para castigar a los servidores públicos, agentes aduanales e importadores, culpables de estas prácticas ilegales, en tanto se le otorgan más facultades a la representación aduanal para rechazar la mercancía subvaluada, como ha sido la tendencia desde que el IVA se homologó en todo el territorio nacional.
También, las corporaciones de seguridad de los tres niveles deben multiplicar los operativos, las investigaciones y fomentar la denuncia ciudadana, ya que han dado resultados. Esto último debe destacarse, porque es claro que en este renglón los habitantes están confiando, por lo que gracias a los avisos oportunos se ha logrado desmantelar al menos dos escondites.
La piedra angular es el programa Frontera Sur. Debido a la coordinación de esfuerzos entre los gobiernos federal y del Estado, a la inversión millonaria en recursos materiales, a la implementación en equipos informáticos y de radiocomunicación, así como a la capacitación permanente de los agentes, se puede avanzar en este y otros temas vitales. Basta cruzar el Puente Chactemal para verificar las condiciones aceptables en que hoy desempeñan sus obligaciones.
Cuando logren conjugar todos estos factores de manera inquebrantable, seguramente se podrá reducir la incidencia delictiva, por el bien de los funcionarios cuya obligación es proteger la soberanía, de los consumidores, de los productores y de los habitantes de la zona en frecuente peligro.
