En el Día Internacional de la Lengua Materna, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución garantiza los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
En conferencia de prensa matutina el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que el eje de esta modificación —propuesta por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero— es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como el establecimiento de una personalidad jurídica y el patrimonio propio desde la libre autodeterminación.
De esta manera, dijo, tendrán capacidad de ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.
Al explicar el contenido y los alcances de la propuesta, el funcionario mencionó que es resultado del proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrado de 2019 a 2021.
“Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso. (…) Nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República”, resaltó.
Los pueblos indígenas y afromexicanos podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas con pleno valor jurídico; realizar obras y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario; recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.
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Actualmente, la Constitución y las leyes los reconoce como objetos de interés público, es decir, son tratados como objeto de protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros.
En la propuesta del Ejecutivo se plantea que serán fortalecidos ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía en:
- Formas de gobierno y de organización social.
- Jurisdicción indígena y capacidad de sus autoridades para ejercerla.
- Patrimonio cultural, lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva. Esto evitará plagios en diseños artesanales.
- Participación en la construcción de modelos educativos.
- Medicina tradicional y reconocimiento a las personas que la ejercen.
- Desarrollo integral.
- Consulta y consentimiento.
- Hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados.
El titular del INPI recordó que el presidente López Obrador emitió un decreto el 9 de agosto de 2023, por el que se reconocen sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos huichol, cora, tepehuano y mexicanero de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
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Con el propósito de hacer realidad estos derechos, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:
- Impulsar el desarrollo comunitario y regional a través de planes de justicia. Actualmente hay 17 en todo el país.
- Asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente.
- Proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, además de garantizar una educación indígena, intercultural y plurilingüe.
- Proporcionar servicios de salud con pertinencia cultural y reconocimiento a la medicina tradicional.
- Garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanos.
- Construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet.
- Reconocer las formas organizativas de residentes y migrantes indígenas, particularmente en contextos urbanos, así como el vínculo con sus comunidades de origen.
- Celebrar consultas ante actos administrativos y legislativos.
La federación, las entidades federativas y los municipios deberán crear una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio de los derechos indígenas; armonizar las constituciones y leyes de las entidades federativas para asegurar reconocimiento como sujetos de derecho público y ejecutar las modificaciones administrativas con el objetivo de adecuarlas a la reforma.
El planteamiento constitucional también contempla la creación de un apartado D, a fin de reconocer y garantizar derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación y toma de decisiones, a la educación, salud, propiedad y posesión de la tierra y demás derechos humanos.
El apartado adicionalmente reconoce y garantiza el fortalecimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas a la educación, salud, tecnología, arte, cultura, deporte y capacitación para el trabajo en sus propias lenguas.
El gobierno federal reconoce a México como una nación pluricultural multiétnica con 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en todo el territorio nacional. Existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes; 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas; 23 millones de personas se reconocen como indígenas y 2.5 millones de personas se autodenominan como afromexicanas.
“Es el rostro de la diversidad cultural, lingüística, étnica de nuestro país”, acotó el director del INPI.
“Pone en práctica la premisa que nos ha iluminado, que nos ha guiado en este gobierno, de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, agregó.
La secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, añadió que se trata de una reforma fundamental que será discutida en el Congreso de la Unión para su análisis y, en su caso, aprobación en bien de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En compañía de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Olivia Morales Reza, el director general del INPI entregó al jefe del Ejecutivo una edición de la revista México Indígena, que servirá como medio de difusión de la reforma.
