De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 11 escuelas privadas fueron suspendidas por violar la Ley de Protección al Consumidor, por no mostrar los reglamentos escolares a padres de familia, cambiar precios sin aviso, condicionar la compra de uniformes, libros y útiles escolares en ciertos negocios o en el interior de la escuela.
Aunque la suspensión no afecta las clases de los alumnos, dichos planteles deberán pagar entre 600 pesos hasta cuatro millones, dependiendo del tamaño de la escuela y el número de afectados, de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor.
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Dichas detecciones fueron desde enero a junio de este año, siete de ellas del nivel superior y básico. La única que presentó negativa es la Universidad Tecnológica del Sur.
Los tipos de reclamación fueron por la negativa de entrega de información al consumidor sobre el pago, contratos, servicio al cliente, cambios y devoluciones.
El monto total reclamado fue cercano a los 75 mil pesos, y lo recuperado, de casi 15 mil pesos, según la base de datos de la Profeco.
Los inspectores de la dependencia recomendaron a las instituciones entregar la lista de útiles y libros, para que los padres decidan dónde y qué marca comprar, para evitar este tipo de quejas.
“Los colegios tienen un período para corregir las anomalías”, informó Ana Laura Castillo Brito, jefa del Departamento de Educación y Divulgación de la Profeco.
Operativo regreso a clases
Durante las verificaciones en el operativo de regreso a clases, se sancionó a papelerías y tiendas de venta de productos escolares, las cuales ya realizan las correcciones.
Aunque ya terminó de manera oficial el operativo, la dependencia seguirá con las verificaciones. De reincidir las escuelas, podrían ser clausuradas.
“Son pocas las escuelas que pasen por alto la norma”, dijo Gerardo Téllez Trejo, presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas (Aupac).
(FUENTE: SIPSE)
