Redacción Macronews por Renan Moguel.— El Órgano Legislativo Ciudadano ha observado diversas inconsistencias realizadas por la XVII Legislatura, destacando la falta de contacto con los ciudadanos en sus procesos legislativos. Un ejemplo de esta falta de respeto a su propia institución es la decisión de convertir la Plaza Cívica, con sus elementos integradores – el mural y la estatua del prócer Andrés Quintana Roo – en una cafetería para servicio de los legisladores.
Eduardo Galaviz Ibarra, titular de este organismo, comentó que los hechos han sido muy claros para los ciudadanos de Chetumal y las organizaciones de profesionistas, quienes han señalado lo irregular e innecesario de esta construcción, que atenta contra el patrimonio cultural de la ciudad.
Adicionalmente, como Organización Observadora, comparten nuevas irregularidades que podrían implicar una responsabilidad administrativa y penal para los servidores públicos de la legislatura que permitieron el proyecto y autorizaron las siguientes acciones:
El proyecto y sus implicaciones están fuera de las atribuciones que tiene el Congreso del Estado, las cuales se encuentran señaladas en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y no les otorgan facultades para desarrollar actividades de este tipo ni para generar ingresos a través de ellas. Por lo tanto, dicha autoridad está actuando fuera de su marco normativo.
En este sentido, afirmó que el Congreso no tiene facultades para otorgar una concesión a un particular en un bien de dominio público, como lo es la Plaza Cívica. Además, el proyecto no está contemplado dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2024, lo que sugiere que se autorizaron recursos públicos para fines distintos a los autorizados.
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Asimismo, el proyecto debió ser aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es el órgano de gobierno y administrativo facultado para hacerlo, según lo establece su propia Ley Orgánica.
Galaviz Ibarra señaló que, según su propio código de ética, se están incumpliendo normas fundamentales, como las reglas de integridad que rigen a los servidores del Poder Legislativo. Estas incluyen la prohibición de utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados, y de disponer de los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable.
