Una vez que sea aprobada tras su discusión en lo particular, la iniciativa deberá ser discutida ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialista Morena y sus aliados tienen amplia mayoría. Antes del 16 de octubre el Senado debe convocar a la elección extraordinaria que se celebrará a mediados de 2025 para elegir a los impartidores de justicia.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Los cambios constitucionales han golpeado a los mercados locales y asustado a inversionistas.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada».
«Democratizar el Poder Judicial de nuestra nación no debería ser ningún estigma, es algo muy nuevo, pero no debemos de espantarnos ni tener miedo; por el contrario, democratizar la elección de quienes imparten justicia es construir un piso mínimo para que la justicia sea en realidad asequible para las mayorías», dijo la senadora de Morena Margarita Valdez.
Los críticos, sin embargo, aseguran que la reforma no afectará a las fiscalías, la policía y los ministerios públicos, a los que consideran los verdaderos culpables de la elevada impunidad y la extendida corrupción en el país latinoamericano.
La reforma ha generado, también, preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
«Las leyes secundarias que hoy se votan lo único que hacen es concentrar el poder como una auténtica autocracia», dijo la senadora Susana Zatarain, del opositor PAN.
«Absolutamente nada en esta reforma hace que el acceso a la justicia mejore para el ciudadano común y corriente. En el disfraz de la elección popular de jueces se esconde el rostro de los verdaderos beneficiarios: la burocracia dorada y el crimen organizado», agregó.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de Méxicose declaró competente para determinar si la reforma judicial promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
FUENTE:EL ECONOMISTA
