La Policía Federal de Brasil imputó el 21 de noviembre al P. José Eduardo de Oliveira e Silva, de la Diócesis de Osasco, São Paulo, como parte de un grupo de 37 personas que incluye al expresidente Jair Bolsonaro, bajo sospecha de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. Según las autoridades, la publicación de la lista de imputados en el informe final de las investigaciones sobre el presunto golpe de Estado en Brasil fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal.
La acusación surge de la investigación de la Policía Federal sobre un presunto plan para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva; su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ya hay militares y policías militares detenidos por esta investigación.
La acusación es un procedimiento policial y no tiene trascendencia jurídica. Al final de una investigación, la policía puede presentar pruebas de un delito contra una o más personas ante el Ministerio Público (MP). El Ministerio Público no está obligado a aceptar ni a las personas ni a los delitos que la policía imputa.
El abogado defensor del sacerdote, Miguel Vidigal, dijo a ACI Digital que “la nota de la Policía Federal con la lista de imputados es un abuso más realizado por los responsables de la investigación y, al haberla publicado en el sitio web oficial de la agencia policial, contamina a toda la institución y la hace responsable del incumplimiento de la determinación del ministro”.
“¿Quién autorizó a la Policía Federal a romper el secreto de las investigaciones? Hasta donde se sabe, el ministro Alexandre de Moraes decretó el secreto absoluto”, dijo el abogado. “Hasta el momento no hay ninguna decisión del magistrado que rompa tal determinación”.
“Menos de siete días después de haber dado testimonio a la Policía Federal”, el P. José Eduardo “ve su nombre estampado por la Policía Federal como uno de los acusados por los investigadores”. Los mismos investigadores no rehuyeron violar la ley y los tratados internacionales al investigar conversaciones y direcciones espirituales que tienen garantía de confidencialidad y fueron realizadas por el sacerdote, dijo Vidigal.
