El indulto del presidente Biden para su hijo no solo le permitió librarse de las consecuencias de sus condenas actuales, sino probablemente de cualquier delito que pudiera haber cometido en los últimos 11 años.
Esta amplia amnistía está suscitando incómodas comparaciones históricas y agudas preguntas sobre el uso de la clemencia presidencial.
También ha avivado el debate sobre quién merece el perdón y para qué, al tiempo que ha puesto de relieve la preocupación de la familia Biden por la vulnerabilidad de Hunter Biden a ser procesado en relación con sus actividades empresariales en el extranjero.
Los expertos buscaron una comparación adecuada y han encontrado algunas similitudes con los indultos concedidos por Gerald R. Ford a Richard M. Nixon, por Andrew Johnson a antiguos soldados confederados, por George H. W. Bush a figuras de Irán-Contra y con los concedidos a familiares más lejanos por el presidente Bill Clinton y por Donald Trump durante su primer mandato.
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Sin embargo, ninguno de esos indultos pareció afectar tan de cerca a los presidentes que los concedieron, ni abarcaron una gama tan amplia de actividades durante un periodo de tiempo tan largo, dijeron los expertos.
“Es extraordinariamente peligroso utilizar el poder de indulto en un caso en el que la persona es íntima del presidente”, dijo Aziz Z. Huq, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
Huq, quien advirtió contra la posibilidad de que Trump se indultara a sí mismo al final de su primer mandato, dijo que el indulto del presidente Biden a su hijo “atenta realmente contra el Estado de derecho”.
Los presidentes tienen autoridad ilimitada para conceder indultos, que anulan las condenas, y conmutaciones, que reducen las penas de prisión. La Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia se encarga de identificar, investigar y recomendar al presidente posibles beneficiarios de clemencia que la merecen. El reglamento de la oficina especifica que solo tiene en cuenta las solicitudes de indulto de quienes hayan esperado al menos cinco años desde su condena o excarcelación.
Hunter Biden aún no había sido condenado, y mucho menos había cumplido condena, por lo que no habría cumplido los requisitos para recibir una recomendación de la oficina y no parece que la solicitara.
El indulto del presidente Biden concedió inmunidad por los delitos con armas por los que su hijo había sido condenado en junio y por los delitos fiscales de los que se había declarado culpable en septiembre. Podría haberse enfrentado a más de 40 años de prisión. El indulto también lo inmunizaba por cualquier otro delito que “pudiera haber cometido o en el que hubiera participado” desde el 1 de enero de 2014 hasta el domingo.
El comienzo de ese intervalo de fechas es significativo. Es unos meses antes de que se incorporara a la junta de la empresa ucraniana de gas Burisma Holdings, cargo en el que los republicanos lo han acusado de violar las leyes sobre grupos de cabildeo extranjeros. También lo han utilizado como garrote político contra su padre.
Los fiscales no presentaron cargos por violar las leyes sobre grupos de cabildeo extranjeros, pero insinuaron que tenían pruebas que podrían haberlos respaldado, citando el acuerdo con un magnate inmobiliario rumano que parece haberse iniciado en 2015.
El indulto, que supone una marcha atrás en la promesa del presidente Biden de no conceder clemencia a su hijo, está pensado para evitar que el Departamento de Justicia entrante actúe conforme a la promesa de Trump de procesar a los Biden.
“Una de las razones por las que el presidente realizó el indulto es porque no parecía que sus oponentes políticos fueran a soltarlo, no parecía que fueran a dejarlo pasar”, dijo el lunes Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
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‘Reglas diferentes’
Frank O. Bowman III, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Misuri, dijo que “si entrara cualquier otra persona que no fuera Trump, pensaría que esto es inexcusable”.
Y continuó: “Pero no sé. Aquí estamos jugando con reglas diferentes”.
Bowman, quien está escribiendo un libro sobre la historia de la clemencia presidencial, dijo que el indulto encaja en una categoría que concede amnistía para una serie de delitos no especificados.
El paralelismo más cercano de un indulto “general” de este tipo, según los expertos, fue la amnistía de Ford a Nixon por los delitos que pudiera haber cometido durante su mandato, un periodo más breve que el que abarca el indulto del presidente Biden a su hijo, pero que también incluyó la irrupción y el encubrimiento de Watergate.
Algunos expertos se preguntaron si Ford se había extralimitado porque Nixon no había sido acusado, y mucho menos condenado, por ningún delito. Hubo llamamientos para que el fiscal especial del Watergate presentara cargos para probar la validez del indulto ante los tribunales, aunque nunca se presentó ninguno.
El servicio de Hunter Biden en la junta de Burisma, que finalizó en abril de 2019, parece quedar fuera del plazo de prescripción de las leyes sobre grupos de cabildeo extranjeros. Pero es posible que el gobierno de Trump decida presentar otros cargos contra él y ver si pueden prevalecer en los tribunales, a pesar del indulto.
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“Esas mismas preguntas podrían plantearse sobre el indulto de Hunter Biden, y en este contexto es muy posible que se planteen”, dijo Margaret Love, quien ejerció como abogada de indultos de Estados Unidos en la década de 1990. “La clemencia está pensada para delitos específicos contra Estados Unidos, no está pensada para ser una amnistía en toda regla para cualquier delito”.
Falta de especificidad
Según Aaron J. Rappaport, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco que ha escrito sobre el “requisito de especificidad” en los indultos presidenciales, existen pocos precedentes de la aplicación de tales indultos generales.
“Es difícil saber cómo se pronunciaría la Corte Suprema sobre la cuestión del indulto general”, escribió Rappaport en un correo electrónico. “Sin embargo, creo que existen serias dudas jurídicas sobre si un indulto de este tipo se consideraría válido si se extendiera a delitos no especificados”.
La mayoría de los expertos no consideraron que la falta de especificidad del indulto fuera un problema.
Samuel T. Morison, abogado especializado en clemencia, escribió en un correo electrónico que “los términos de la concesión se leerán esencialmente como un estatuto”.
Morison, quien trabajó durante años en la Oficina del Abogado de Indultos antes de dedicarse a la práctica privada, añadió que los Biden pueden haber considerado arriesgado redactar la concesión del indulto de forma más restringida.
“Supongo que a los abogados de Hunter les preocupaba que un Departamento de Justicia de Trump especialmente vengativo buscara algo de lo que acusarlo si eran demasiado específicos, por lo que solicitaron un indulto general, sujeto solo a un intervalo de fechas bastante amplio”, escribió en un correo electrónico.
Kimberly Wehle, profesora de Derecho de la Universidad de Baltimore, predijo que si el Departamento de Justicia de Trump acusara a Hunter Biden plantearía el indulto en una moción para desestimar el caso.
Wehle, autora de un libro reciente en el que detalla cómo la falta de restricciones a los poderes de clemencia presidencial invita al abuso, dijo en un correo electrónico que fue Trump —y no el presidente Biden— quien inició “la conducta violadora de las normas” al comprometerse a utilizar el Departamento de Justicia para procesar a sus enemigos.
“No se trata de un indulto corrupto”, dijo en un correo electrónico. “Se trata de cuidar a un familiar sabiendo lo que Trump hará en caso contrario”.
Jeffrey Crouch, profesor adjunto de Política en la American University que estudia la clemencia, estableció una distinción entre lo que los presidentes pueden hacer y lo que deben hacer.
“Legalmente, el presidente puede indultar prácticamente a quien quiera”, dijo en un correo electrónico. “Moralmente, hace que surjan algunas preguntas”.
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FUENTE: THE NEW YORK TIMES
