DESTRIPACUENTOS
Por Antonio Callejo
El proceso sucesorio en el PRI no ha sido ni terso ni sujeto a ningún control más allá de los que marcan las propias reglas, escritas y no escritas, de ese propio partido político. Es una mentira a todas luces ese concepto que se ha querido posicionar, en el sentido de que hay una especie de `mano negra´ para favorecer a alguien en particular, sea desde la presidencia o en el ámbito que corresponde al gobernador, quien para este caso funge como líder moral de la clase política afiliada a este instituto.
El discurso de los anti-priístas, donde cabe la oposición pero donde también caben aquellos que celebran la aspiración aristócrata de alguno, por la vía del linaje, para acceder a la candidatura, es que supuestamente ya hay un favorito por parte del presidente y, sea el mismo u otro, por parte del gobernador.
Sin embargo, los hechos son tan evidentes que es difícil hacer pasar por verdad esa mentira.
Lo que se sabe es que en noviembre entrante se realizará una nueva encuesta auspiciada por el CEN del PRI, como las que se han venido realizando periódicamente, y con ella y su análisis cerrará la etapa de evaluación de aspirantes, donde también es claramente evidente que se han dado posibilidades amplias a todos los que se quisieron incluir.
Si fuera de otra manera, es decir, si hubiera descalificados, habría quedado en evidencia la inacción o la inconformidad de alguno, lo cual no ha ocurrido.
Ahora, también es cierto que el gobernador, Roberto Borge Angulo, ha dado una pauta y en ninguna manera secreta, ni siquiera discreta, para cerrar de plano el paso a nadie.
Borge Angulo, eso sí, ha mencionado en cada oportunidad, que la candidatura al gobierno del estado debe quedar representada en la persona de un priísta quintanarroense a toda prueba. Aquél cuyas acciones, presencia y dichos, le hagan digno de ese privilegio, que es el de servir a los quintanarroenses.
Ha planteado con todas sus letras que esa candidatura no debe ser una especie de premio por la pertenencia a un linaje, porque no es materia de herencia `blasónica´.
Ningún apellido, se desprende del discurso del mandatario estatal, tiene una predestinación al encargo por esa razón. No es un tema constreñido a una `aristocracia´ priísta, porque eso va en contra de la esencia de ese partido.
Luego entonces, en la medida que se ha planteado con claridad al grupo de priístas con capacidad y merecimientos, son los miembros de esa lista los que abrieron sus líneas de competencia. Y lo están haciendo con empeño, imaginación y con el vigor que requiere alcanzar esa preciada meta.
Asegurar que ya hay un acuerdo, o que se ha decidido a un `favorito´ desde ahora, es negar esta batalla en buena lid que vienen realizando los aspirantes. Una competencia real, legítima y que responde a la naturaleza reconocida de la condición de los miembros de ese partido.
Ahora, por si fuera poco y para atajar la confusión que se pretende sembrar, hay que reconocer que al PRI le harán falta todos y cada uno de los votos que pueda alcanzar en la elección. No hay manera de darse el lujo de voluntarismos o favoritismos por encima de lo que indiquen las encuestas. De entre los que se posicionen mejor, con menos puntos negativos y mayores posibilidades de triunfo, de allí saldrá el candidato. No heredará el cargo sino que lo habrá alcanzado por su trabajo.
De allí el furor que demuestran Mauricio Góngora, José Luis Toledo, Paul Carrillo y Raymundo King.
Delito de robo, infla la cárcel por su falta de precisión
La cárcel de Cancún (Centro de Reinserción Social), tiene una capacidad real de 800 reclusos. Sin embargo, alberga a poco más de dos mil y la cuenta crece cada día. De ese gran total, cerca de un 30 por ciento está detrás de los barrotes por el delito de `Robo´. Es decir, cerca de 600 personas están sentenciadas o en proceso, a la espera de una condena.
Y un problema grave es que en su mayoría, los internos acusados de ese delito, lo cometieron sin las agravantes de la violencia y por objetos que bien podrían considerarse menores.
Es decir, que las penas de seis meses y hasta seis años, se aplican por igual a una persona que fue sorprendida robando una lata de leche en un comercio, o a un asaltante que se hubiera apropiado de una suma de dinero considerable.
Pero el código penal y las estadísticas tratan de la misma manera a uno y a otro, sin distinción del monto del robo.
El código dice a la letra:
“Articulo 142 se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a cincuenta días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la ley.
“No se impondrá sanción alguna, cuando el valor de lo robado no exceda de treinta días de salario mínimo general vigente y el culpable restituya la cosa espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia”.
Ocurre, sin embargo, que la autoridad no interviene en un momento anterior a la presentación del imputado ante un juez, lo cual hace imposible aplicar el criterio para atenuar el proceso. A decir de especialistas, si hubiera un mecanismo para diferenciar a los `delincuentes´, se podría separar a las amas de casa que roban ropa interior del súper, de los verdaderos ladrones peligrosos. Por el momento, de los primeros está llena la cárcel. @Antoniocallejo
