De acuerdo con el informe presentado por el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, fue una red de corrupción en la que se vieron involucrados despachos para simular juicios irregulares contra derechohabientes para quitarles sus viviendas.
En Quintana Roo se reportaron ocho mil 181 casos, de estos solo 119 vivían en la entidad y el resto fuera, esto debido a que los despachos demandaban a los derechohabientes en regiones que no correspondían.
El demandado no se enteraba y los fallos eran a favor del despacho y así les quitaban su vivienda. De estos casos, en Quintana Roo sumaron ocho mil 62 casos.
Yucatán sumó seis mil 357 casos, de los cuales 92 fueron a derechohabientes de la entidad y seis mil 262 fueron demandados en otros estados.
En lo que respecta a Campeche, fue el menos afectado, ya que fueron 907 casos, de los cuales sólo ocho eran demandados de la entidad y 899 de otras entidades federativas.
Los despachos fueron contratados por el instituto desde 2012 para dar solución “supuestamente” a casos de cartera vencida.
Sin embargo, no se buscaron opciones, y procedieron a realizar demandas contra los derechohabientes.
“Lo hacían en otra entidad para que simplemente no se enteraran”, refirió el titular del Infonavit.
A nivel nacional fueron 373 mil los juicios que tenían en común: no notificar a los acreditados e incluso se incluyeron algunos que no tenían problemas de pago con sus créditos hipotecarios. Algunas casas fueron vendidas en subastas por parte del instituto.
Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, señaló que en su momento se atendieron casos a través del área jurídica del sindicato, logrando resolver a favor del trabajador.
“Estamos convencidos de que muchos tuvieron adeudos, no porque quisieran, sino por dificultades de pago, que pudieron tener negociaciones. Vemos ahora positivo que desde el gobierno federal se estén tomando cartas en el asunto”, explicó.
El líder señaló que incluso en algunos casos la morosidad fue culpa del patrón que no pagó las contribuciones, pero al trabajador se le descontaba vía nómina y no se enteraba que no estaban pagando ante el Infonavit.
“Algo que fue muy común, pero desde la CROC a través del área jurídica se trabajó”, dijo.
